Sareb, la sociedad que asumió los activos inmobiliarios de la banca rescatada en la crisis financiera, perdió 1.073 millones de euros en 2020, un 13 % más que un año antes, por el impacto de la pandemia en su actividad.
Los ingresos por la gestión y venta de activos retrocedieron un 39 %, hasta 1.422 millones, con caídas generalizadas de los márgenes que, pese a la reducción del 8 % de los gastos, se tradujeron en unas pérdidas operativas de 524 millones, un 88 % más que en 2019.
Si a eso se suman los costes financieros, el resultado antes de impuestos arroja unas pérdidas de 1.072 millones, «alineado con las previsiones», ha informado este miércoles.
Sareb justifica el impacto de la crisis derivada de la COVID-19 en sus cuentas y su estrategia «prudente» de venta de activos para evitar los importantes descuentos exigidos en el mercado.
Del total de ingresos, 567 millones provenían del negocio de gestión de préstamos impagados, el 40 % menos por la contracción de este mercado, en tanto que 848 millones se correspondieron con la gestión y venta de inmuebles, un 36 % menos.
La evolución de los activos inmobiliarios ha estado marcada por la progresiva recuperación de la actividad residencial, cuyas ventas, prácticamente todas a particulares, ascendieron a 641 millones, un 38,5 % menos.
La ralentización en las ventas fue más prolongada en el caso de los suelos y los activos terciarios, que generaron ingresos de 160 millones, el 35 % menos.
La compañía vendió 12.111 inmuebles en 2020, un 28,5 % menos; de ellos, 10.359 eran unidades propias y 1.752 eran activos garantía de préstamos de promotores.
En cumplimiento de su mandato, Sareb debe desinvertir a precios de mercado sus activos, con independencia de su impacto contable.
A cierre de 2020 los activos de la sociedad acumulaban unas minusvalías contables de más de 9.100 millones.
Sareb recuerda que sus pérdidas y su consecuente consumo de recursos propios no tienen implicaciones sobre su capacidad para seguir desarrollando su mandato de desinversión ni para atender sus compromisos de pago.
LA DEUDA PÚBLICA AUMENTA EN 34.918 MILLONES
Siguiendo las recomendaciones europeas, los «números rojos» de la empresa ahora cuentan para el déficit público, ya que el Estado figura entre sus principales accionistas, y además la deuda de la sociedad se debe contabilizar, lo que engorda la deuda pública.
Desde su creación Sareb ha reducido el 31,2 % de la deuda que emitió en el momento de su constitución, esto equivale a 15.863 millones tras cancelar 179,8 millones de deuda sénior en 2020 y significa que el saldo pendiente a cierre de 2020 era de 34.918 millones, que el Estado debe contabilizar como deuda pública.
Además, el déficit público crece en unos 10.000 millones de euros teniendo en cuenta las minusvalías contables de más de 9.100 millones y las pérdidas registradas en 2020.
Para el presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, el objetivo es seguir trabajando día a día para minimizar el impacto de la deuda en las cuentas públicas, sin descuidar el mandato desinversor ni la colaboración con las administraciones en materia de vivienda social.
CONVERSIÓN DE DEUDA EN CAPITAL
La aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de 2020 se votará en la junta general de accionistas que se celebrará en mayo, en la que también se propondrá previsiblemente la conversión de 1.430 millones de deuda subordinada en capital.
Sareb explica que en 2020, a pesar de la paralización de la actividad judicial durante semanas, la compañía incorporó en su balance 22.853 inmuebles por valor de 2.116,8 millones, fruto de acuerdos o daciones en pago, un 13,4 % más que en 2019.
FUTURAS INVERSIONES
La compañía recuerda que tiene previsto invertir hasta 2027 alrededor de 3.200 millones en el desarrollo de nuevas promociones y la gestión urbanística de suelos, lo que le permitirá generar unos ingresos adicionales cercanos a los 1.500 millones y mejorar la capacidad de devolución de la deuda avalada por el Estado.
En 2020, Sareb siguió avanzando en su programa de viviendas sociales, con el compromiso de alcanzar las 15.000 unidades cedidas a las administraciones públicas.