El Ministerio de Hacienda y Función Pública va a aprobar una resolución en la que aprueba el teletrabajo para los empleados públicos de la Administración General del Estado por lo que sólo tendrán que ir cuatro días a la semana a la oficina, con uno de libre disposición para el teletrabajo. Muchos de estos funcionarios se dedican a la atención directa a los ciudadanos ya actualmente muchos de los servicios públicos que aún requieren presencia física tienen litas de espera para cita previa de varios meses y en otros ni siquiera está disponible.
Fuentes del Ministerio de Hacienda han explicado a Efe que esta resolución busca mejorar la accesibilidad de la ciudadanía a los servicios públicos, con un mayor volumen de presencialidad de los trabajadores públicos.
Además, el Ministerio ha asegurado que cada departamento tendrá margen para organizarse de acuerdo con sus particularidades, el tipo de servicios prestados y la propia evolución de la epidemia.
En sendos comunicados, los sindicatos los sindicatos CSIF y UGT aseguran que esta medida, que entrará en vigor el 1 de octubre, se suma el fin de la opción de cita previa el próximo 31 de diciembre.
La vuelta a la presencialidad cuatro días por semana no se aplicará a las personas con cáncer o inmunodeprimidas, a las que tengan que realizar cuarentenas, en casos de repunte o al personal que presta servicios en el exterior, que podrán seguir teletrabajando toda su jornada.
Esta norma supone una merma con respecto a la situación actual, en la que estaba permitido hasta cuatro días de teletrabajo, es decir, que solo tenían que ir un día a la semana a la oficina, lo que ha provocado el colapso de varios servicios, como el del SEPE, retrasando las prestaciones de muchos parados, o Tráfico. En Hacienda, para el pago de impuestos, no ha habido problemas.
Aún así, los sindicatos critican, además, que esta medida contrasta con los tres días de teletrabajo que marca el acuerdo alcanzado en abril entre el Gobierno y los sindicatos que regulaba el trabajo no presencial.
Ambos sindicatos han rechazado esta propuesta y han pedido que se aplique el acuerdo de teletrabajo, al tiempo que denuncian la demora en la aprobación de un real decreto que lo regule. Con esa propuesta sindical, los grandes perjudicados serán los ciudadanos que pagan por unos servicios públicos que no reciben o lo hacen con meses de retraso.
Los funcionarios piden quedarse en casa tres días a al semana y sólo ir dos a la oficina
CSIF ha propuesto un modelo de 40 % en presencia física y 60 % en trabajo telemático (3 días a la semana) con un criterio similar al que se ha acordado para la etapa de normalidad, una vez finalizada la pandemia, pendiente de trasladar a la norma correspondiente.
UGT ha manifestado su desconcierto ante la actitud de la Administración, «que cambia constantemente de criterio, llegando incluso a plantear su intención de hacer desaparecer la modalidad no presencial de prestación de servicio».
