La Audiencia de Almería ha impuesto penas que suman 22 años y cinco meses de prisión al empresario Miguel Rifá por defraudar unos 88 millones a la Agencia Tributaria de Hacienda mediante el alzamiento de bienes y distintos «mecanismos defraudatorios», una pena que supera en mucho la de otros delitos, como el de homicidio doloso que conlleva una pena pena de prisión de 10 a 15 años.
Rifá resulta condenado por dos delitos de alzamiento de bienes y otros cinco delitos contra la Hacienda Pública, por los que también se le imponen multas por 34,9 millones de euros, además del abono de 88 millones de euros a la Agencia Tributaria.
La fiscalía llegó a pedir 26 años y 11 meses de prisión por un delito de insolvencia punible y siete delitos contra la Hacienda Pública
La fiscal había solicitado 26 años y 11 meses de prisión por un delito de insolvencia punible y siete delitos contra la Hacienda Pública en gestiones realizadas entre noviembre de 2008 y marzo de 2011, así como el abono en concepto de responsabilidad civil en 92,7 millones de euros.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, Miguel Rifá controlaba y dirigía las empresas Hotel Almería SL y Predios del Sureste SL, que formaban parte de su grupo y que tenían en noviembre de 2008 deudas con Hacienda por 84,16 millones de euros, aunque tenían bienes para hacer frente a ellas.
El texto señala que el acusado en colaboración con el resto de los enjuiciados ejecutó un plan para dejar a esas sociedades sin bienes con los que hacer frente a las deudas. Los bienes se trasladaban a otras compañías en distintos países hasta acabar en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes británicas en una sociedad del propio Rifá.
Además condena a siete años y 10 meses de prisión I.M.M. por dos delitos de alzamiento y otro contra la Hacienda Pública, por los que también se le imponen multas de 3,3 millones de euros y el pago de indemnizaciones de 76,5 millones de euros.
C.A.B.C resulta condenada por dos delitos de alzamiento a tres años y 10 meses de cárcel y al pago de indemnizaciones de 75,3 millones de euros, y el acusado J.M.M. a tres años y ocho meses de prisión e indemnizaciones de 75,3 millones de euros por otros dos delitos de alzamiento.
