El grupo de Unidas Podemos ha registrado este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que la Cámara baja constituya una comisión de investigación e inste al Gobierno a modificar distintas normativas y convertir a la Sareb, el llamado banco malo, en una «herramienta pública» que garantice el derecho a la vivienda. Un 54,1% del denominado banco malo es de entidades privadas (bancos y aseguradoras) y el 45,9% restante es del FROB, que es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, un organismo público dependiente del Ministerio de Economía. El Estado pretende compra la participación del 54,1% que no controla por 195 euros, en una sociedad, que si bien ha perdido miles de millones de euros desde su constitución en 2012, posee una cartera de inmuebles también por valor de miles de millones de euros. Mapfre, por ejemplo, ya le ha dicho que no.
El grupo de Unidas Podemos ha registrado este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que la Cámara baja inste al Gobierno a modificar distintas normativas y convertir a la Sareb, el llamado banco malo, en una «herramienta pública» que garantice el derecho a la vivienda.
Además, plantean que la sociedad pase a depender del ministerio que tenga las competencias a nivel estatal en materia de vivienda y abogan por una gestión «social» del parque de viviendas de la Sareb y que se suspenda de forma inmediata cualquier desahucio hasta que los servicios sociales puedan ofrecer una solución a los afectados.
Y abogan por que la compañía realice actuaciones en el suelo urbanizable del que disponga para convertir 72 millones de metros de suelo en vivienda pública destinada a alquiler social, al tiempo que propone que el suelo rústico sirva para energía renovables de autoconsumo compartido o contribuir al desarrollo rural.
INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA
En el texto proponen también la creación de una comisión de investigación parlamentaria que establezca las «responsabilidades políticas» de unas decisiones que han causado un «descomunal coste y quebranto de fondos públicos» que, según ellos, asciende de momento a 14.500 millones, de los que 12.000 millones son públicos.
Al grupo parlamentario le interesa ahora conocer lo ocurrido en relación con los precios de traspaso fijados en 2012, las operaciones de venta de activos llevadas a cabo por la Sareb y la contratación de un derivado que ha supuesto «un quebranto de casi 4.000 millones».
Para poder «fiscalizar y controlar adecuadamente» la Sareb, Unidas Podemos considera que la toma de control público tendrá que incorporar la creación de un organismo que permita el seguimiento de la actividad de la sociedad y la comprobación del cumplimiento de sus objetivos, más allá de los órganos de control de la sociedad.
Y ante la intención del Gobierno de tomar el control de la compañía, Unidas Podemos considera que tanto en el consejo de administración de la Sareb como en los organismos de seguimiento deberán participar los ministerios que tengan competencias en derechos sociales y vivienda.
La Sareb, en opinión de este grupo parlamentario, debe ser «transparente» y es «imprescindible» que se conozcan los activos que tiene en propiedad para saber con qué inmuebles y suelos «pagados con dinero público» cuenta.
Para defender los intereses públicos, argumenta el texto, la Sareb debe modificar los próximos bonos que emita para que puedan generar rendimientos negativos.