El Gobierno aprobará previsiblemente este martes un código de buenas prácticas para que los bancos puedan actuar de forma «coordinada y eficiente» cuando presten apoyo a empresas viables mediante la refinanciación o reestructuración de la deuda asumida tras el estallido de la pandemia.
Se trata de un marco de actuación, de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras, similar al existente en el ámbito hipotecario, explican a Efe fuentes del Ejecutivo, que confían en que se valide mañana por el Consejo de Ministros.
Hace dos meses, el Gobierno decidió que el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, pudiera «acompañar» a los bancos en la refinanciación y reestructuración de la deuda de las empresas más afectadas por la crisis y con ese fin creó una nueva línea de avales de 3.000 millones de euros.
Desde entonces acordó extender hasta el 31 de diciembre el plazo para solicitar préstamos con aval del ICO, una medida adoptada poco después de la declaración de la pandemia y que ha permitido conceder más de 119.000 millones a autónomos y pymes a cierre de abril.
Estas medidas extraordinarias se incluían en un real decreto-ley con 11.000 millones de euros en ayudas directas a empresas.
En el caso concreto de la línea para la reestructuración de deuda financiera con aval del Estado, dotada con 3.000 millones, pueden recurrir a ella aquellas empresas que previamente recibieron préstamos con avales del ICO para sortear la crisis.
Todas estas empresas tienen encima de la mesa desde noviembre la posibilidad de extender hasta dos años el periodo de carencia del pago del principal y hasta ocho años el plazo de devolución de los préstamos, pero el Ejecutivo ha decidido ir más allá y las empresas podrán tener ahora más tiempo para asumir el pago.
A falta de que se conozcan los detalles, el plazo de devolución será superior a los ocho años, pero no llegará a los doce.
Según el análisis de la empresa que haga cada entidad financiera, se podrán acordar medidas para extender por un periodo adicional el plazo de vencimiento de los préstamos con aval público o, en segundo lugar, convertir esa deuda en préstamos participativos, lo que refuerza los recursos propios.
«Medida de último recurso»
Como «medida de último recurso» se permite también la concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia.
Las ayudas llegarán tras un proceso de renegociación acordado por los clientes con los bancos, que asumirán la parte proporcional de la reducción del préstamo, es decir, aplicarán quitas a la deuda previsiblemente hasta finales de 2022.
«Los bancos españoles estamos comprometidos, por convicción y porque es nuestra misión, a seguir ayudando a nuestros clientes de acuerdo con nuestras posibilidades en la recuperación postcovid», añadieron a Efe fuentes financieras.
