La Fiscalía de Sao Paulo ha pedido la prisión preventiva del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental en un proceso por corrupción paralelo al que investiga las irregularidades en Petrobras. A su juicio, la prisión responde a un riesgo de fuga.
La Fiscalía de Sao Paulo acusa a Lula y a su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, de ser los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres plantas en la playa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, que está a nombre de la constructora OAS -implicada también en el escándalo de Petrobras- y cuya propiedad ha sido negada por el expresidente en reiteradas ocasiones.
Los fiscales alegan en la denuncia que presentaron ante la Justicia que es «imprescindible» ordenar la detención de Lula de forma preventiva, ya que, en su opinión, el exmandatario puede movilizar grupos para interferir en la investigación criminal.
Según los fiscales, el arresto de Lula se hace necesario debido a que «es conocido que posee poder de expresidente de la República, lo que hace su posibilidad de fuga sea muy simple».
Los fiscales agregan en la denuncia que los seguidores del ex mandatario pueden promover «maniobras violentas» y presentarlo como «un ciudadano por encima de la ley, algo inaceptable en el Estado Democrático de Derecho».
Pese a la filtración de la denuncia en la que se solicita prisión para Lula y otras 15 personas, fuentes de la Fiscalía evitaron comentar el tema y agregaron que los fiscales no se van a pronunciar sobre el mismo.
La petición de la Fiscalía tendrá que ser analizada por un juez penal regional del estado de Sao Paulo, que no tiene plazo definido para pronunciarse sobre si la acepta o la niega.
