El fracasado desarrollo de autopistas de peaje en España se va a saldar con una nueva factura para el Estado que el sector calcula en unos 5.000 millones de euros.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, cree que las nueve autopistas de peaje en quiebra ahora «son viables», ya que alguna ha incrementado sus tráficos cerca de un 20%, siempre que no se considere la «mochila que tienen», en referencia a la deuda que soportan.
De la Serna, durante un desayuno informativo organizado por el diario El Economista, ha indicado que algunas de estas autopistas tienen un resultado de explotación (ebitda) positivo y los ingresos que podrían generar «no son despreciables».
El tráfico en estas autopistas aumentó entre un 4,1% y un 19,1% en los dos primeros meses del año, en comparación con el mismo periodo de anterior, cuyo porcentaje más alto lo logró la radial R-5.
Respecto a la asunción por el Estado de estas vías en concurso de acreedores, el ministro ha explicado que en el caso de que ello ocurra la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seitsa) se encargará de la gestión para posteriormente llevar a cabo su relicitación, lo que significa que los ciudadanos seguirán pagando el uso de estas carreteras.
Todos los ciudadanos correrán con las pérdidas de las concesionarias, que tienen derecho a ser indemnizadas por el coste de la inversión llevada a cabo por las concesionarias en la puesta en funcionamiento de la infraestructura y el precio de las expropiaciones.
Hasta 5.000 millones de deuda
Al ceder de nuevo la concesión de estas vías, Fomento podría obtener así recursos para afrontar la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) que supondría su rescate previo.
La RPA es el importe que el Estado debe abonar a los actuales concesionarios de las autopistas por la inversión que realizaron en su construcción, una ‘factura’ “inferior a los 3.000 millones de euros”, según el ministro, pero que el sector calcula en unos 5.000 millones.
De la Serna ha explicado que, además, la situación judicial de algunas de estas vías en concurso de acreedores ha variado, al retornar de la fase de liquidación en que habían entrado a la de convenio, lo que da más margen al Ministerio.
Asimismo, ha indicado que no sabe aún si el Estado se tendrá que encargar temporalmente de todas estas autopistas, aunque ha admitido que es probable que sea así, y ha señalado que está por decidir cómo se agruparán las diferentes concesiones.
Íñigo de la Serna ha reconocido que se explotó la posibilidad de llegar a acuerdos con los vendedores de la deuda de estas autopistas, aunque sin éxito.
Respecto a la finalización de las concesiones de las autopistas AP-1 y AP-7, que vencen en 2018, ha manifestado que lo único que hay decidido es que el Gobierno no las va a prorrogar, aunque no decidirá sobre su modelo de explotación, es decir si será de nuevo un régimen de concesión o bien se convierten en vías de libre tránsito, hasta meses antes de que vaya a concluir la actual concesión.
«No hay un pronunciamiento explícito», ha añadido De la Serna, que ha insistido en que la decisión se tomará más adelante.