Bajo la palabra «democracia» para defender un referéndum ilegal y saltarse las leyes establecidas, la alta cúpula separatista ejerce así su presión ante el TSJC, donde declara este lunes Carme Forcadell.
En el acto antes de entrar a declarar, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto a consejeros y diputados, o político inhabilitados, como Artur Mas, así como el presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, Jordi Sánchez, vuelven a escenificar el victimismo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La ANC, organizadora de manifestaciones y otros actos separatistas en Cataluña, prosigue con sus amenazas por el rechazo a un referéndum ilegal. Amenazas y presiones a las que se ha sumado la Generalitat de Cataluña, cuyo presidente Carles Puigdemont ha defendido que los funcionarios desobedientes serán castigados. Asimismo, recientemente se ha aprobado la proclamación de una declaración unilateral de independencia en caso de que el Estado no permita celebrar el referéndum que prevé la Generalitat de Cataluña.
El presidente de Generalitat ha vuelto a hacer uso partidista del cargo, al ponerse de lado de quien se salta las órdenes de los jueces, pese a estar advertido de ello. Convirtiéndose en un altavoz separatista y menospreciando la Democracia al insinuar que se podrán saltar leyes, de hecho el organismo estadístico de la Generalitat preguntará a los catalanes si ve bien saltarse leyes, un juego muy peligroso ya que si se saltan las actuales normas, también podrían saltarse las que promulgue la Generalitat.
Desde Cataluña se ha presentado una negociación al Estado para la celebración de una consulta ilegal. Puigdemont pidió a Rajoy que «asuma su parte de responsabilidad en la resolución del problema».
Según la ANC, plataforma que llegó a presidir Forcadell, la Generalitat se encargaría de proclamar la secesión de forma unilateral, al tiempo que sería este poder autonómico el máximo en Cataluña, por encima del Congreso, Senado, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional o el mismo Tribunal Constitucional.
Forcadell pide el amparo al TSJC
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la secretaria primera de la Mesa, Anna Simó, también imputada por desobeceder al TC, han pedido el amparo a la magistrada del TSJC que las interrogaba por desobedecer al Tribunal Constitucional, para que garantice su inviolabilidad parlamentaria.
Según han informado fuentes judiciales, Forcadell y Simó han comparecido veinte minutos cada una como investigadas por prevaricación y desobediencia al TC ante la magistrada Maria Eugènia Alegret, que las ha imputado por permitir que el pleno votara dos resoluciones a favor del referéndum independentista, pese a la prohibición del Constitucional.
En su comparecencia, en la que únicamente han respondido a su abogado, Andreu Van den Eynde, Forcadell y Simó han apelado al principio de inviolabilidad que creen que les asiste como diputados y han pedido el amparo a la magistrada y a la Fiscalía para que les garantice este derecho, ya que consideran que los tribunales y el ministerio público son los únicos que lo pueden salvaguardar.
No cumplir con el TC es «persecución», según la Generalitat
Incumplir con un mandato judicial es «persecución» para la portavoz y consejera de presidencia, Neus Munté. «Denota el bajo nivel de la democracia en el Estado español», ha asegurado.
Munté ha criticado la «judicialización» de la política a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tras acompañar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a la secretaria primera de la Mesa, Anna Simó, que esta mañana han declarado acusadas de desobedecer al Tribunal Constitucional.
«Es otro día triste -ha indicado Munté- porque una vez más tenemos que salir a defender a nuestras instituciones democráticas, su normal funcionamiento, y a la libertad de expresión y de opinión».
«Hoy estamos al lado de la presidenta del Parlament y de la secretaria de la Mesa Anna Simó, y el viernes acompañaremos a otros dos miembros de la Mesa, pero vendremos tantas veces como haga falta», ha explicado. «Hoy constatamos el bajo nivel de la democracia en el Estado español, la judicialización constante ante lo que es un clamor democrático de primer orden de la sociedad catalana, como es el de poder votar para decidir si queremos tener un Estado propio», ha afirmado.
Según Munté, Forcadell y Simó «están aquí por defender el derecho de los catalanes a decidir nuestro futuro colectivo y por garantizar el normal funcionamiento de nuestro Parlament, es decir, por permitir el debate de las ideas».
Para la portavoz del Gobierno catalán, «se trata de una nueva muestra de judicialización y de criminalización del debate democrático, lo que es un hecho muy grave».