Los franquiciados de Restalia que denunciaron al grupo por delitos como estafa, organización criminal y coacciones han ampliado la denuncia contra el director general de compras porque también es franquiciado e, incumpliendo las normas exigidas al resto, que aseguran que les arruinaron, él se abastecía por su cuenta.
Denuncia interpuesta contra el grupo de restauración Restalia: estafa, organización criminal, coacciones, delitos informáticos y delitos contra los consumidores
Fuentes jurídicas han informado a la agencia EFE de la presentación de una ampliación sobre la denuncia interpuesta contra el grupo de restauración Restalia por delitos como estafa, organización criminal, coacciones, delitos informáticos y delitos contra los consumidores, en virtud de la cual el Juzgado de Instrucción 52 de Madrid incoó diligencias previas y ordenó el peritaje de toda la documentación.
La denuncia originaria se interpuso en 2021 contra el dueño del Grupo Restalia, José María Fernández Capitán, la propia sociedad y varias de sus filiales como 100 Montaditos, La Sureña y The Good Burger (TGB), así como a una veintena de responsables del grupo, a los que se acusa de actuar «con engaño» hacia los franquiciados, muchos de los cuales se vieron abocados a «a ruina económica dadas la condiciones a las que se les sometía.
76 establecimientos franquiciados son ya los denunciantes
Ya son 76 los establecimientos denunciantes, quince de ellos italianos, en una causa en la que los afectados son representados por los despachos Rafael Franco Abogados y Cremades & Calvo-Sotelo.
Recientemente, la Fiscalía de Madrid ha remitido un informe en el que acepta la petición de los denunciantes de que el caso se investigue en la Audiencia Nacional. Aunque hace un año defendió la posición contraria, ya que al avanzar la causa hay nuevos perjudicados repartidos a lo largo del territorio nacional, Y, es por el tipo de delito, el volumen de negocio y «el ingente número de posibles investigados o perjudicados».
Detalla el fiscal, en el escrito al que ha tenido acceso la agencia, que en el momento de redactar ese informe había 54 establecimientos franquiciados en España, cabiendo esperar que este número «aumente significativamente» y que el presunto importe defraudado supera los 29 millones de euros sin contar con los perjuicios de los nuevos establecimientos.
Contratación de detectives
Tras contratar a una empresa de detectives, los afectados presentaron una ampliación de denuncia hace unos días. En esta relatan que han tenido constancia de que el director general de compras del grupo Restalia, a su vez franquiciado, tiene una nave que usa como plataforma logística propia para suministrar la mercancía a sus locales franquiciados, y lo lleva haciendo años.
Esto es contrario a la «imposición de sobrecostes» en todos los productos y servicios suministrados a los que la trama obligaba presuntamente a los franquiciados, a los que se ordenaba abastecerse solo a través de los proveedores homologados por grupo de restauración (Havi Logistics), según las fuentes.
Para los denunciantes, esos sobrecostes «no sólo suponen ese beneficio ilícito para la organización criminal, sino que, por el contrario, significan la ruina económica de los denunciantes y la inviabilidad económica del negocio franquiciado».
En cambio, el directivo denunciado, que dejó el cargo durante tres años y que ha regresado al mismo, se abastece por su cuenta de productos como pan, aceite, harina o azúcar, consiguiendo así mejores precios, de manera que siendo responsable de las decisiones de compra, elude las normas abusivas y los sobrecostes que conllevan, subraya el escrito remitido al juzgado.
Solicitud de una ampliación de la investigación
En dicho escrito también se solicita que se amplíe la investigación a una empresa de muebles y de compraventa de fincas porque su administrador y socio único es uno de los denunciados, y la citada sociedad mercantil tiene el mismo domicilio social que otras dos mercantiles denunciadas.