«Se ha hecho en numerosas ocasiones». Así rezan las diligencias previas del juicio por el caso de espionaje a funcionarios catalanes, donde están imputados la cúpula de CESICAT, la agencia de ciberseguridad de Cataluña. En el juicio están imputado Carles Flamerich y Xavier Panadero y las indagaciones del juzgado 13 de Barcelona ponen negro sobre blanco la forma de actuar de la Generalitat.
El actual director del cuerpo, Xavier Gatius, reconoció el pasado dos de mayo ante el juez que se crean filtros ante direcciones de correo vinculadas a una concreta amenaza, lo que era un secreto a voces pero que nunca se había podido demostrar, según señalan fuentes sindicales a Economía Digital.
Gatius aseguró que «no existe ningún documento escrito» en el que se autoricen los desvíos de los correos desde el servidor de la Generalitat a otras cuentas de correo. El caso estalló tras una denuncia del ex trabajador Albert Gabàs, contra los consejeros de Interior, Felip Puig y Ramon Espadaler, y a Esther Rivera, del Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Todo el sistema lo montó e ideó el CESICAT.
No obstante, el actuar de este cuerpo pagado con los impuestos de los catalanes va en contra de las propias leyes catalanas. Y es que, la verificación de «indicios de usos indebidos, ilícitos o abusivos» del correo electrónico se deberá autorizar, con carácter de información reservada, «mediante resolución de la persona titular de la secretaria general o el órgano equivalente del organismo», según recoge el citado diario.
Asimismo, la declaración de Gatius deja una enorme laguna, ya que en ningún momento se define que es «una amenaza concreta», por lo que la Generalitat actúa a discrección.
El director del Cesicat señaló ante el juez que las copias de los correos se destruyen cada seis meses, y solo se salvaguardan aquellas que están bajo «investigación policial o judicial».
Esta práctica podría afectar a los 200.000 funcionarios que hay en Cataluña, ya que la Generalitat es capaz de realizar copias y desviar los mensajes a buzones distintos a los enviados originalmente. El Código Penal en este asunto es claro: penas de prisión entre 3 y 5 años.
