Barcelona, 29 abr.- El recurso ante el Tribunal Constitucional anunciado hoy por el Gobierno dejará sin efecto, si prospera, la obligación de las entidades financieras de ceder los pisos vacíos para vivienda social y de buscar un alquiler asumible a las familias vulnerables antes de un desahucio, según fuentes de la consellería de Gobernación.
Estos son los puntos más importantes de la Ley 24/2015 del Parlament, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que quedarán probablemente suspendidos cuando el TC acepte el recurso anunciado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, según han indicado a Efe estas fuentes.
El Ejecutivo ha dejado fuera de su recurso las medidas relativas a la pobreza energética pero planteará ante el Constitucional sus dudas sobre varias que tienen que ver con las situaciones de vulnerabilidad en el ámbito de la vivienda.
Así, unas de las más destacadas es el establecimiento de un alquiler social obligatorio por parte de los grandes tenedores a los afectados por ejecuciones hipotecarias, contemplada en los artículos 5.1 y 5.2, y la cesión obligatoria por tres años de viviendas vacías, fijada en el artículo 7.
La norma recurrida establece que las viviendas cedidas por las entidades bancarias se incorporarían a un fondo de pisos en alquiler para desarrollar políticas sociales.
Según las mismas fuentes de la conselleria de Gobernación, el recurso del Gobierno también afecta al artículo dos, que apuesta por la mediación extrajudicial y regula sus mecanismos en caso de sobrendeudamiento de personas o familias vulnerables.
Por contra, el Gobierno deja sin recurrir los artículos que prevén la garantía de realojo de personas o familias con escasos recursos económicos y que asegura ayudas al pago de la vivienda como medida preventiva para evitar el desahucio.
En este sentido, las mismas fuentes del departamento de Gobernación han destacado que el recurso del Ejecutivo supone que se mantendrían las obligaciones a la hora de realojar a familias con riesgo de perder su vivienda y evitar los desahucios, pero dejaría a la Generalitat sin las herramientas con las que se había dotado para gestionar su política de vivienda.
La ley 24/2015 contra los desahucios y la pobreza energética fue aprobada el pasado julio por el Parlament con el voto unánime de todos los partidos, incluido el PP catalán, y es fruto de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). EFE