El Gobierno controlará el gasto de la Generalitat de Cataluña cada semana para evitar que se financie el referéndum, al tiempo que ha asegurado que retirará el Fondo de liquidez, necesario para pagar nóminas a los funcionarios, si se destina un solo euro a la consulta ilegal.
Por primera vez en cinco años, el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto coto y advertido seriamente a la Generalitat si prosigue adelante con sus planes de realizar una consulta ilegal. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha informado de este punto abordado en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, presidida por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.
«Los últimos acontecimientos ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer el control de la información económico-financiera de la comunidad autónoma», afirma el Ejecutivo. Cataluña tendrá «la obligación de remitir un certificado semanal en el que se constate que no hay partidas para la convocatoria de un referéndum». En caso de no cumplir con esta obligación la Generalitat no podrá acceder al Fondo de Financiación de Comunidades Autónomas.
Los requisitos que deberá cumplir la Generalitat si quiere pagar las nóminas de los funcionarios
La Generalitat está obligada a remitir «un certificado semanal, además de los certificados iniciales y mensuales, en el que se certifique que no se han iniciado o tramitado modificaciones presupuestarias ni expedientes de gastos o pagos que puedan ser destinados a la realización de las actividades vinculadas con la convocatoria del referéndum», señala la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
«En caso de incumplimiento de la remisión de la información solicitada o si del contenido de la misma se concluyera que se ha financiado directa o indirectamente el procedimiento refrendario, la propia CDGAE podrá adoptar las medidas procedentes que impidan la ejecución, continuación o reiteración en esta actividad y cuantas otras se consideren precisas con la finalidad de restablecer la actuación financiera de la comunidad autónoma a la legalidad, incluyendo la suspensión de la financiación correspondiente», continúa.
De esta forma, «se mantendrá la aplicación de lo previsto en este Acuerdo hasta que desaparezca la situación de riesgo general en Cataluña o sea necesario para garantizar la prestación de los servicios públicos en la comunidad autónoma, en los términos descritos en este acuerdo».
El CDGAE deja claro que esta medida se adopta por los «acontecimientos» de las últimas semanas, justo después de que el Gobierno de Carles Puigdemont haya realizado una purga en su ejecutivo y se hayan cesado a consejeros por oponerse o criticar la consulta ilegal.
Dicho acuerdo está encaminado a «impedir que la Generalitat pueda tramitar expedientes de gasto» para esa consulta «ilegal» sobre la independencia, ha dicho el también ministro de Educación antes de resaltar que se persigue, así, «garantizar el buen fin de los dineros públicos».
En rueda de prensa, y tras recordar que el Tribunal Constitucional ha declarado nula la disposición de la Ley de Presupuestos de Cataluña referida a la financiación del referéndum, Méndez de Vigo ha lamentado que, pese a ello, los promotores de la consulta continúen con la voluntad de celebrarlo, lo que genera «un riesgo para el interés general» e «incertidumbre económica«.
Así que, como medida preventiva, aunque de entrada en vigor inmediata, ha apuntado el ministro, el Gobierno exigirá a la Generalitat la remisión semanal de certificados individuales a una serie de cargos. Serán los interventores de las consejerías, los responsables económico-financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas, al director general de Presupuestos y al de Política Financiera, Seguros y Tesoro.
Según señala el acuerdo, el Ministerio de Hacienda se encargará de la verificación de la información que envíen dichos cargos y, si constatara que se está llevando dinero público a la celebración del referéndum, trasladará el asunto a las autoridades competentes.
Asimismo, si se incumplen los requerimientos, el Gobierno aplicará «lo previsto» en el acuerdo de la Comisión de Asuntos Económicos del 15 de noviembre de 2015, el cual condiciona el desembolso del FLA.
Cataluña necesita el FLA para pagar las nóminas de los funcionarios. Ha recibido 63.000 millones desde 2012
Cataluña ha recibido de este fondo, desde 2012, más de 63.000 millones de euros; este año, la cuantía es, por ahora, de 3.600 millones. Los «acontecimientos de las últimas semanas» en Cataluña han motivado en gran medida este acuerdo del Gobierno, ha reconocido Méndez de Vigo.
«El acuerdo de hoy es lo que es y es muy importante», se ha limitado a contestar al ser preguntado si esta decisión podría ser la antesala para, en un futuro, aplicar el artículo 155 de la Constitución.
Méndez de Vigo ha insistido en que lo que ha dicho el Gobierno, desde el principio apoyándose en las sentencias del TC, es que cualquier destinado a ese referéndum ilegal «no puede ser pagado con dinero público».
En esta línea, ha dicho que, si siguen adelante con sus pasos, serán los independentistas quienes tengan que sufragar con su dinero ese referéndum.
Según sus palabras, el acuerdo de hoy es «una actuación preventiva a favor del bienestar y de la prosperidad de todos los catalanes», garantizando que el dinero que debe ir a servicios públicos no vaya a financiar un referéndum ilegal.
El portavoz, quien ha dicho desconocer si la Generalitat catalana había sido informada antes de este acuerdo, ha apuntado que no contempla la posibilidad de que las personas señaladas como responsables de remitir la información requerida no lo hagan, porque «los funcionarios cumplen la ley».
«Sería muy grave», ha advertido y ha dicho que las posibles sanciones dependerían de cuál fuera el tipo de conducta. No obstante, ha admitido que hasta ahora todo han sido anuncios y que no hay ni siquiera una convocatoria oficial, porque «nadie ha firmado nada».
Ha aprovechado asimismo para hacer una nueva llamada «a la cordura» y al diálogo «sin fecha de caducidad» dentro de la ley y a evitar «la radicalidad del gobierno de la Generalitat, en manos de los extremistas más extremistas», donde se está viendo «una sucesión de purgas, de dimisiones». «La obligación del Gobierno es que todos estos pasos fuera de la ley no tengan una subvención«, ha recalcado.
