El Consejo de Ministros aprobará este viernes el convenio para que la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), de titularidad pública. Las autopistas tendrán un coste inferior a los 3.500 millones, según el ministro de Fomento.
Así lo ha afirmado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien ha evitado en todo momento hablar de rescate. Las nueve autopistas en quiebra serán titularidad del Estado hasta finales de 2018, cuando se prevé una nueva licitación en base al tráfico y a la demanda, las mismas condiciones que se impusieron en el momento de la primera adjudicación, según ha señalado De la Serna en una entrevista a El País, don ha afirmado que «no es renacionalizar esas autopistas, sino volverlas a poner en el mercado».
También habrá un estudio de viabilidad y se elaborará un nuevo pliego de condiciones y auditoría de cada una de las nueve autopistas de peaje quebrada. Una vez realizado, las empresas pujarán por la relicitación. Las autopistas quebradas costarán un máximo de 3.500 millones, pero el Gobierno espera que su importe sea «significativamente menor».
Con este nuevo concurso, se pagará parte de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), una de polémicas cláusulas de los pliegos antiguos. La licitación podrá ser en uno o dos bloques, pero saldrán al mismo tiempo.
La ley obliga a que el concurso sea abierto y público, pero el Gobierno va a restringir las condiciones actuales. Así, se tendrá en cuenta el riesgo de las previsiones de tráfico y ya no habrá sobrecostes por las expropiaciones, ya que las autopistas estarán construidas. El Gobierno tratará de evitar cálculos optimistas y entrar de nuevo en una peligrosa situación dada la responsabilidad civil.
«No se puede hablar de rescate, porque esas autopistas entran en liquidación judicialmente, y esa infraestructura revierte al Estado, queramos o no», ha indicado el ministro de Fomento. La Seittsa tendrá así la gestión de esas nueve autopistas durante el periodo desde que reviertan al Estado hasta que se vuelvan a licitar. «La vocación no es renacionalizar esas autopistas sino poder volverlas a poner en el mercado«, ha indicado.
En cuanto a las autopistas de peaje que aún funcionan con normalidad, el Ejecutivo ha asegurado que no habrá una nueva prórroga de la concesión. Por lo que una vez llegado a término, estas autopistas volverán a ser públicas y habrá un nuevo estudio para determinar qué hacer con ellas. «El Gobierno tomará la decisión pensando en el interés general. Es un tema que me gustaría abordar dentro del Acuerdo Nacional por las Infraestructuras que estamos impulsando con todos los grupos políticos», ha asegurado De la Serna.
Por otro lado, en 2018 se pondrá en marcha un “ambicioso” de compra de trenes para la red convencional de Renfe. que superará los 1.600 millones de euros, y que próximamente se convocará un concurso para que Renfe Mercancías tenga un socio privado. También detalla el calendario de los distintos corredores del AVE, y la fórmula de colaboración público-privada que va usar el Gobierno para su plan de inversión de 5.000 millones en carreteras.