La fiscal estatal Aramis Ayala, que atiende los condados de Orange y Osceola, fue privada por el gobernador de Florida, Rick Scott, de 21 casos de asesinato en primer grado debido a su negativa de considerar la pena de muerte.
El gobernador prescindió de Ayala para atender el caso de Markeith Loyd, acusado de matar a su exnovia embarazada y a una mujer policía, después de que la fiscal anunciara que no solicitaría más lapena de muerte contra ese ni ningún otro acusado por considerarla “inefectiva y causante de dolor a los familiares de las víctimas”.
La ley en la Florida establece la solicitud de la pena capital para que quienes asesinen a un oficial de la Policía pero Ayala declaró que solicitaría una condena menor.
Scott, quien reasignó los 21 casos al fiscal estatal Brad King, dijo en un comunicado que cada uno de ellos «representa una pérdida horrible de la vida».
Florida, junto con Alabama y Delaware, era uno de los pocos estados que no requería un veredicto unánime para sentenciar con la pena de muerte.
Actualmente, 389 individuos aguardan ser ejecutados en la Florida, entre los que destacan unos 200, cuyas condenas no alcanzaron la mayoría absoluta.
La declaración de Ayala, que es demócrata y es la primera mujer afroamericana en ocupar el puesto de fiscal estatal en la Florida desató, según relata el Diario Las Américas, una fuerte protesta de legisladores del Estado, quienes molestos pidieron al gobernador Rick Scott reemplazar a la fiscal del caso de judicial de Markeith Loyd, acusado de la muerte de una teniente de la Policía de Orlando, Debra Clayton.
