La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha sido imputada por un presunto delito societario en MercaMadrid. En el auto del juez hay otros 15 ex miembros del Consejo de Administración de Mercamadrid imputados, como el hermano de Ignacio González.
Según el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, Dancausa está investigada por un presunto delito societario y ya se han incoado diligencias previas tras la denuncia de la Fiscalía. Entre los imputados también figura el hermano de Ignacio González, Pablo o el director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Enrique Núñez, también ex primer teniente de alcalde del Gobierno municipal de Ana Botella. «La instrucción del asunto será respecto a ellos en calidad de investigados», ha señalado en su auto el juez.
También se encuentran María Dolores Flores Cerdán -ex vicepresidenta segunda de MercaMadrid-, María Jesús Prieto Jiménez, Marta Fernández-Pirla Martínez, Manuel Beltrán Pedreira, José Manuel Torrecilla Jiménez -ex director general de Mercadrid-, José Domingo Rodríguez Losada, Pablo J.M. del Amo Serrano, Fernando Gomar Sánchez, Manuel Troitiño Pelaz, Silvia Llerena Muñoz, José Antonio Crespo Albelda, José Ignacio Ortega Chacón y Juan María López Alvarez, según el auto.
La denuncia de la Fiscalía se debe a otra presentada por la presidenta de MercaMadrid, Marta Higueras, y el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato.
En su escrito a la Fiscalía consideraban que hubo «prácticas irregulares» en la sociedad mixta, participada por el Ayuntamiento en un 51%.Desde la Delegación de Gobierno han evitado por ahora hacer declaraciones, pero la delegada ya aseguró en su día que la operación contaba «con todos los informes jurídicos y económicos favorables y fueron aprobadas por todos los miembros presentes en el Consejo de Administración».
En su denuncia la Fiscalía solicita al juez que se les tome declaración en calidad de investigados por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L., que habrían supuesto un «importante perjuicio patrimonial» para la primera, «a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio».
Para la Fiscalía, el «enriquecimiento ilícito» de Mercaocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por cánones impagados, al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013, cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032.
En total, hasta octubre de 2016, Mercaocio recibió 2.255.349 euros «para obtener el uso de dos salas -de su propiedad- que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno», según la Fiscalía.
El Ayuntamiento de Madrid llevó a la Fiscalía en enero de 2016 el informe con las conclusiones de la investigación que realizó para averiguar si antiguos gestores de la empresa municipal Mercamadrid cometieron delito al firmar un acuerdo extrajudicial «lesivo» que le costó 623.000 euros al año.
La semana pasada Dancausa aseguró estar «tranquila» sobre la denuncia de la Fiscalía de Madrid por una operación en Mercamadrid cuando ella integraba el consejo de administración, ya que «siempre ha buscado lo mejor para las empresas» donde ha trabajado. En este sentido, ha aseguró que no había «recibido ninguna denuncia oficial de la Fiscalía», mientas señalaba que lleva 40 años de carrera, 20 como funcionaria y 20 como política, y tuvo que «tomar muchísimas decisiones en muchísimos ámbitos«, ha dicho durante la celebración del Dos de Mayo en la Real Casa de Correos.
Tras declarar su disposición a colaborar con la justicia, ha añadido que está «tranquila», aunque «no sabe más que lo que han publicado los medios» sobre la investigación judicial.
La Fiscalía solicitó al juez tomar declaración en calidad de investigados a las dieciséis personas que formaban parte del Consejo de la empresa municipal en 2013 -ente ellas Dancausa- por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L., que habrían supuesto un «importante perjuicio patrimonial» para la primera.