El infame rescate del Gobierno a las autopistas de peaje

«Todo lo contrario, a los españoles les cuesta cero euros«. Así lo aseguraba Ana Pastor, ex ministra de Fomento y ahora presidenta del Congreso, en julio de 2013 sobre el rescate a las autopistas quebradas de peaje.Pastor insistía: «En conclusión, a los españoles no les va a costar nada solventar el problema de las autopistas». La realidad es muy distinta. Los pagani, los contribuyentes, sí que sufragarán este rescate público.
En concreto 2.100 millones de euros, es decir, 106,5 euros por cada contribuyente (19,7 millones, según los últimos datos de la Agencia Tributaria), una nueva carga que se debe a unos cálculos irreales del Gobierno a la hora de prever el tráfico por estas carreteras de gestión privada. El montante alcanza el 45% de los ingresos esperados con las nuevas subidas de impuestos.
El Gobierno niega que se trate de un rescate a las autopistas, acogiéndose a los tecnicismos y cláusulas de la adjudicación pública. En ellas se especifica que en caso de quiebra, será el Estado quien responda de la deuda, es decir, que si a la empresa privada le va mal, como ha ocurrido con las autopistas de peaje, serán los contribuyentes quienes respondan ante los acreedores. Una muestra más de socializar las pérdidas.
Otro de los puntos más polémicos de este rescate se encuentra en el origen mismo de la adjudicación. ¿Eran necesarias las autopistas de peaje ahora rescatadas? Los datos muestran una cruda realidad, opuesta a las optimistas estimaciones de los pliegos. Y es que, la mayoría de las autopistas rescatadas ni han registrado el tráfico programado y corren en paralelo a las autopistas que no pagan, por lo que los conductores solo se ahorrarían un poco de tiempo en hora punta. Su escasa utilidad ponen más que en duda el interés público de la misma, como fueron vendidas a la hora de adjudicarse.
Tampoco estaba prevista la llegada de la crisis a partir de 2008. El uso de las autopistas de peaje cayó en picado, sin que nada ni nadie pusiera remedio a ello. Los ciudadanos trataban (y tratan) de ahorrar en los gastos más innecesarios, como los peajes. Las cifras reales dieron la voz de alarma a las concesionarias, que exigían cambios en los pliegos del contrato público debido a la bajísima afluencia de los peajes.
La situación derivó en una tensa e intensa negociación entre deudores y acreedores. Llegó a ofrecerse una quita del 50% a los acreedores, pero la banca lo rechazó. El nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tuvo que admitir que serán los contribuyentes quienes paguen el pato, eso sí matizó que no se trataba de un «rescate». La realidad, pese a los tecnicismos jurídicos, es que al final pagan los de siempre, los contribuyentes paganinis en esta acuciante crisis.
Ahora la solución es activar la resolución anticipada de los contratos de concesión de obra pública. La cláusula a la que se refiere el Gobierno es que paguen justos por pecadores. Es decir, todos los ciudadanos correrán con las pérdidas de las concesionarias, que tienen derecho a ser indemnizadas por el coste de la inversión llevada a cabo por las concesionarias en la puesta en funcionamiento de la infraestructura y el precio de las expropiaciones.
De momento solo son cuatro las autopistas de peaje quebradas o en liquidación: Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la Cartagena-Vera y la M-12 Eje Aeropuerto. El tráfico en todas ellas llega a ser un 50% por debajo de las estimaciones.
El rescate a las autopistas de peaje suponen, además, otro duro golpe a España, más cuando la deuda está disparada y el objetivo de déficit se incumple sistemáticamente. Todo ello aderezado con más subidas de impuestos, sobre todo a los creadores de empleo, las empresas, que podrían ver mermada su capacidad de contratación.