Los 54 juzgados especializados en cláusulas suelo tendrán jueces suplentes, sin conocimiento sobre el asunto y con una altísima carga de trabajo debido a la improvisación del Consejo General del Poder Judicial, con el beneplácito del Gobierno.
Abogados, jueces, y funcionarios ya han criticado esta medida que se tomó de urgencia y fue publicada en un tiempo récord en el Boletín Oficial del Estado. Y es que, se menoscaba el derecho de los consumidores a poder tramitar la demanda en juzgados próximos a sus localidades. Ahora tendrán que desplazarse hasta la capital de provincia correspondiente para realizar los trámites, corriendo con gastos y dietas. La medida se toma sin tener en cuenta, además, el nivel de renta de los afectados, por lo que se ha llegado a señalar que se trata de una medida disuasoria para evitar colapsar los juzgados.
Este 1 de junio entra en vigor la orden del CGPJ, por lo que los juzgados de primera instancia de las cláusulas suelo entran en acción, pero lo hacen en un mar de críticas desde distintos sectores, más por la poca experiencia que avala a los jueces en un tema que afecta a más de 1,5 millones de consumidores.
No hay dotación presupuestaria, ni tampoco medios para abarcar la oleada de demandas que se presentarán en estos juzgados tras el fracaso constatado del acuerdo extrajudicial que puso en marcha el Ministerio de Economía, liderado por el ex banquero Luis de Guindos, que ha activado una comisión de seguimiento de las cláusulas suelo, pero sin tener nada más en cuenta que los datos de la banca y del Banco de España, es decir, sin escuchar las denuncias de asociaciones de consumidores por las irregularidades cometidas.
Los juzgados obligan a los consumidores a desplazarse a las ciudades, sin importar distancias o si hay liquidez suficiente como para afrontar este nuevo gasto. Los jueces que los tutelan son recién salidos, sin tener conocimiento sobre este problemático asunto, cuya cuantía oscila entre los 5.000 y 7.000 euros por consumidor debido al dinero cobrado de más por la banca al aplicar cláusulas abusivas.
La banca, por su parte, solo ha ganado tres meses de tiempo y ha rechazado en la mayoría de casos devolver el importe que le requieren los afectados. BBVA, por ejemplo, ha realizado una respuesta genérica a los reclamantes pese a que aseguró que miraría caso por caso.
Los colegios de abogados, funcionarios y asociaciones tanto de la magistratura como de los consumidores han criticado duramente al CGPJ por imponer un juzgado por provincia. «Aberrante» es uno de los calificativos más suaves que han trasladado abogados a Intereconomía.com. Asimismo, no se descarta que Bruselas meta mano en este asunto, aunque no se espera que lo haga a corto plazo.
«Nos parece absolutamente inasumible, al no ser en modo alguno la mejor manera de lograr la correcta y necesaria formación de quien ahora se incorpora al desempeño de la función jurisdiccional», aseguraba la Asociación Profesional de la Magistratura.
Por su parte, los consumidores no podían iniciar ningún tipo de demanda durante el período en el que estaba en vigor el acuerdo extrajudicial del Gobierno, que no era obligatorio para la banca.
El TJUE exigió a la banca devolver el dinero cobrado de más por cláusulas abusivas desde el inicio de la firma del contrato, motivo por el que el Tribunal Supremo tuvo que modificar su propia doctrina, ya que no aplicaba retroactividad.
El PP, con Ciudadanos y PSOE, sacaron adelante el real decreto que en teoría defendía a los consumidores, y que en vez de ello fue una nueva alfombra roja a la banca. Para estos 54 juzgados habrá 67 jueces recién salidos de formación.