La izquierda sindicalista, hundida por los escándalos de corrupción que, al igual que al PP, al PSOE, a CDC o a la propia Podemos, con su supuesta financiación irregular por parte de Venezuela e Irán, ha convertido a 8 acusados de graves incidientes en la huelga general de 2010, curiosamente contra un socialista, José Luis Rodriguez Zapatero, en los nuevos héroes y bandera para que los sindicatos tengan derecho de pernada cuando convocan una huelga.
Todos la izquierda ha estado esta manaña con ellos en el inicio del juicio donde se les acusa de insultar y agredir físicamente a los policías que custodiaban la fábrica de Airbus en Getafe en septiembre de 2010 con motivo de la huelga general convocada por UGT y CCOO contra la reforma laboral de Zapatero.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, que no pierde oportunidad, ha aprovechado el comienzo de juicio para pedir la derogación de las dos últimas reformas laborales y de la conocida como «Ley Mordaza» «tienen que ser palabras de orden para el nuevo gobierno», y ha instado a eliminar los elementos del Código Penal que «atacan derechos fundamentales». Así lo ha dicho a su llegada a la manifestación en apoyo a «los 8 de Airbus«, los sindicalistas que desde hoy serán juzgados por su actuación en la huelga general de 2010, a quienes ha mostrado su respaldo asegurando que es «un honor» estar acompañándoles. «El derecho a la huelga y a la libertad sindical son la base de la democracia», ha dicho, antes de recordar que él mismo participó en los piquetes de aquella huelga de 2010. Y para defender esos derechos, ha señalado, su partido quiere intentar llegar a acuerdos para conformar un gobierno «de progreso, que asuma que los trabajadores son el orgullo de nuestra patria». Por eso entendemos que no se puede hacer un gobierno con aquellos que desprecian a los sindicalistas».
Pablo Iglesias, el primero
Iglesias ha insistido en que hay que apostar por un gobierno «de progreso» que «tenga claro que la justicia social y la derogación de las dos últimas reformas laborales y de la ley mordaza tienen que ser palabras de orden». Ha reiterado que la obligación de los partidos progresistas es estar apoyando a los sindicalistas que van a ser juzgados, y «defender una noción de democracia vinculada a los derechos sociales». «No hay democracia sin derecho de huelga, no hay democracia sin libertad sindical. Hay que derogar los elementos del Código Penal que atacan los derechos fundamentales, hay que adaptar el Código Penal a la Constitución y tenemos que avanzar hacia un país en el que podamos dar el papel que se merece a la clase trabajadora, el orgullo de nuestra patria», ha reiterado.
Rafael Mayoral, secretario de Relaciones con la Sociedad Civil de Podemos, se ha dirigido al líder del PSOE, Pedro Sánchez, y le ha instado a que se decida por un camino u otro: el camino «de la mayoría social, de la gente que ha sufrido los recortes y las privatizaciones», o el «salvavidas naranja», en referencia a Ciudadanos. «Tienen que optar. Nosotros tenemos claro que vamos a estar con la mayoría trabajadora y la mayoría social; son otros los que tienen que decidirse», ha insistido. Mayoral ha alertado de que hasta ahora «los hechos no han sido precisamente favorables» a la constitución de un gobierno «de mayoría social», como lo prueba, a su juicio, el hecho de que el PSOE haya estado «pactando la Mesa (del Congreso) con el PP» igual que «otras medidas que se han ido tomando desde la Constitución de las Cámaras». «Esperamos y tenemos confianza en que la cosas empiecen a ser diferentes», ha indicado.
Por supuesto, también han querido sacar partido, los dos viejos líderes sindicales. Toxo y Méndez, fuera de juego y sin relevancia política y social desde hace mucho tiempo. Así, el juicio ha comenzado marcado por la presencia de representantes sindicales, como el secretario general de UGT, Cándido Méndez y el de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, quien ha considerado que «se incrimina a los trabajadores para atacar el derecho de huelga, como se ha hecho con el derecho de manifestación con la ‘ley Mordaza'».
También han asistido para mostrar su apoyo a los acusados varios líderes políticos, además de los ‘parlanchines’ de Podemos, miembros del PSOE como César Luena y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández. Parece que ambos han olvidado que los hechos sucediron cuando su partido gobernaba y en contra de la reforma laboral diseñada por su entonces secretario general José Luis Rodríguez Zapatero. Tampoco se lo han querido perder Cayo Lara y Willy Meyer, de Izquierda Unida.
A su llegada a los juzgados, además, los esperaban la diputada socialista María Luz Rodríguez quien ha comparecido antes del inicio de la vista para instar al próximo Gobierno a derogar el artículo 315.3, las dos últimas reformas laborales y la «Ley Mordaza».
Algunos de los dirigentes sindicales y políticos, así como representantes del sindicalismo internacional han estado presentes durante toda la jornada en la sala, para la que se ha necesitado de la instalación de un importante número de nuevos asientos.
‘No hemos hecho nada’
Por supuesto, Los «ocho de Airbus» han negado que agrediesen a policías y a otros trabajadores durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010, unas acusaciones a las que se han enfrentado hoy en el primer día del juicio que contra ellos tiene lugar en la sala de lo penal número 1 de Getafe (Madrid).
En una jornada marcada por el interés mediático y por la presencia de relevantes personalidades del mundo sindical y político ha dado comienzo el juicio contra los sindicalistas, que se enfrentan a la petición por parte de la Fiscalía de una pena de ocho años y tres meses de prisión para cada uno por delitos de atentado, lesiones y contra el derecho de los trabajadores por incumplir el artículo 315.3 del Código Penal (que condena la coacción para hacer huelga).
Todos los acusados han negado ante el magistrado Abel Téllez que agrediesen a los agentes de policía que así lo declararon, ni a otros trabajadores de la fábrica por intentar entrar a trabajar, algo que han asegurado que no se impidió, al tiempo que han rechazado que profirieran insultos aquel día.
El primero en comparecer ha sido el que fuera presidente del Comité Interempresas de Airbus en el momento de los hechos, José Alcázar, que ha manifestado que los agentes de policía que presentaron una denuncia por agresiones contra él pretendían con ella «justificar sus disparos con arma real» en la fábrica.
Alcázar ha indicado que, cuando se produjo el «tumulto» que dio lugar a la carga policial y tras el que se produjeron los disparos, él trato de «poner paz» y «calmar los ánimos»
entre los concentrados «pacíficamente», y los agentes antidisturbios y que llegó a acompañar a un empleado que no quería realizar la huelga a la planta. Varios de los acusados han indicado que recibieron golpes por parte de la policía aquel día y algunos de ellos han mostrado dudas por la forma en la que esta los identificó como responsables de las agresiones.
La Fiscalía ha preguntado a todos ellos el motivo de haber pagado la cuantía de las indemnizaciones por las lesiones sufridas por los policías si no habían participado en las agresiones, ante lo que todos han coincidido en que era un requerimiento judicial que consideraban que debían cumplir. También ha querido saber la fiscal de la causa si esa cuantía procedía de fondos de los sindicatos a los que pertenecen, CCOO en el caso de siete de ellos y UGT en el otro, algo que todos han negado, al indicar que este pago se realizó con su propio patrimonio.
Tras la finalización de las declaraciones más de lo mismo. Un grupo organizado por los sindicatos de varios centenares de personas se encontraba a las puertas de los juzgados esperando a los acusados para mostrarles su apoyo al grito de «no son ocho, somos miles», «viva la lucha de la clase obrera» o «la lucha es el único camino».
Como conclusión, José Alcázar ha asegurado que considera «difícil» que sean condenados y que confía «plenamente en que haya una absolución» para todos ellos, puesto que «ha quedado probado» que fueron a la huelga, pero que no impidieron que ningún trabajador pudiera asistir ese día al centro y que no agredieron «a nadie». Los partes médicos que se emitieron por aquellos sucesos, así como las indemnizaciones que los propios acusados pagaron a las víctimas parecen apuntar a todo lo contrario.