El ex presidente de Bankinter Jaime Botín rompe el acuerdo con la Fiscalía de Madrid por el caso del avión deslocalizado presuntamente de forma irregular a Portugal.
En el pacto con la Fiscalía de Madrid, Jaime Botín aceptaba nueve meses de prisión, una multa de 506.134 euros y sin poder recibir subvenciones durante año y medio. Asimismo, tampoco puede recibir incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
El ex banquero ha rechazado el pacto ante el juzgado de lo Penal número 27 al verse «sorprendido» por la publicación en prensa del pacto, firmado a comienzos de octubre, a pesar de haberse llevado a cabo con una «confidencialidad estricta». El exbanquero ha añadido que el tiempo que ha transcurrido desde entonces le ha permitido «reflexionar» y darse cuenta de que lo más conveniente para él no es «declararse culpable de un delito que uno no ha cometido» sino tratar de demostrar su inocencia ante el tribunal.
Tras la no ratificación, la magistrada ha acordado remitir las actuaciones nuevamente al juzgado de Instrucción número 49 de Madrid a fecha anterior al pacto con el fin de que éste continúe con la tramitación de la causa y realice las diligencias que considere oportunas a instancias de las partes.
En su querella, la Fiscalía acusa a Botín y otras tres personas de crear «un entramado de empresas» con el fin de evitar hacer frente al impuesto especial sobre determinados medios de transporte vigente en España, país donde el avión «tenía su base de movimientos, en mayor medida en el aeropuerto de Torrejón (Madrid)».
En 2012, la sociedad World Tour, constituida a finales de los ochenta y de la que el exbanquero era propietario, firmó un contrato de compra de una aeronave por un precio de 10,7 millones de dólares que se destinó «con carácter principal a cubrir las necesidades de desplazamientos de Botín y su círculo familiar y social».
Prosigue la Fiscalía recordando que dado que el contrato establecía que la entrega del avión se realizó en el aeropuerto de Torrejón, su matriculación estaba sujeta a este gravamen especial, motivo por el que los querellados «decidieron deslocalizarlo a Portugal, donde no existe un impuesto similar ni de naturaleza ni en sus niveles de tributación».
Una maniobra que habría obligado a los cuatro a «ocultar que el pago de las cantidades debidas por la compra realmente se realizaría desde España a cargo de World Tour y, por otro, a asegurar que tuviera en España la plena disponibilidad«. De este modo, la sociedad española habría desviado los fondos necesarios a Portugal a través de la misma cuenta corriente que, a su vez, servía de garantía financiera al Banco Santander Totta, filial del Banco Santander en suelo luso, en el contrato de alquiler con opción a compra de la aeronave.
No obstante, la entidad que había asumido la posición compradora de la nave, la cedió a la compañía Air Nimbus, controlada por otro de los querellados, en tanto que esta firmó, a su vez, un contrato de prestación de servicios aéreos con la española Gestair, administrada por el padre de otra de las personas contra las que va dirigido el escrito de la Fiscalía.
El Ministerio Público apunta además que los querellados, que conocían la existencia de una inspección por parte de la Agencia Tributaria «al menos desde octubre de 2016», acordaron un mes más tarde celebrar una Junta General de Accionistas que ordenó liquidar World Tour y adjudicar la totalidad de su haber social a Botín.
«La disolución de la sociedad y la deslocalización estuvieron preordenados a hacer inútil o dificultosa cualquier reclamación administrativa o judicial, de la cuota defraudada», añade.
Activos patrimoniales que, concluye la Fiscalía, «no han sido declarados por Jaime Botín en sus declaraciones de IRPF y de impuesto sobre el patrimonio del ejercicio 2016 (…) ni en la declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero».
