JPMorgan considera que para abrir de nuevo el diálogo entre el Gobierno de Mariano Rajoy y la Generalitat, presidida por Carles Puigdemont, habría que convocar elecciones y modificar la Constitución Española para dar más autonomía a Cataluña.
No obstante, con estos nuevos regalos lo único que se conseguirá será que la Generalitat pueda gestionar más dinero a través de la cesión de impuestos y otras competencias, e incluso dándoles el Cupo vasco, rechazado en 1979 por los propios separatistas, tampoco se conseguirá acallar el problema. Los independentistas catalanes no buscan una mayor autonomía como principal objetivo, sino la ruptura con España, motivo por el que el Estado debe dejar de ceder ante las pretensiones y exigir, como ha comenzado estas últimas semanas, que se cumplan las leyes.
Tratar de dar mayores privilegios a los catalanes ahondará aún más la desafección de otras Comunidades Autónomas hacia Cataluña, por lo que Madrid, la CC AA que más aporta a las arcas públicas, tendría argumentos para exigir el mismo trato diferencial, por lo que sería de facto contraproducente para el actual sistema autonómico e incluso se podría poner en peligro la caja única, más cuando el PNV, en País Vasco, ya ha pedido 137 competencias incluida la Seguridad Social, de cuya caja única para toda España sale el pago de las pensiones.
Por tanto, la escalada de la tensión política no puede pararse bajo promesas de mejora en la financiación, si éstas no se extienden al resto de territorios. Si la estrategia es dar una imagen de una España federal, ya se ha conseguido, ya que numerosas competencias, como Sanidad, Educación, Justicia o Seguridad, entre otras, ya se han transferido a algunas Comunidades. Otra cosa es dar a Cataluña un trato diferencial, con la introducción de nuevas competencias o sistema de financiación, un terreno peligroso y de difícil solución si el resto de autonomías como Madrid o Baleares exigieran lo mismo, partiendo a España en dos y agrandando aún más la brecha entre ricos y pobres. Los datos revelan que Madrid aporta más del doble que Cataluña a las arcas públicas, si bien se ha pedido una mejora de la financiación, ésta nunca ha llegado.
Los independentistas, por su parte, exigen que todos los impuestos que se paguen en Cataluña pasen bajo su control y gestión, es decir, todo el dinero que debiera ser transferido al Estado pasa por la caja de la Generalitat. Una pretensión que se quiere hacer con la nueva Agencia Tributaria Catalana, que de momento controlará todos los impuestos de las empresas públicas y de aquellas sociedades en las que tenga participación. Si Cataluña consiguiera el control de todos los impuestos, incluidos las empresas privadas, IRPF, Sociedades e IVA, tendría el mango, la sartén y el control del fuego para amenazar con el cierre de cajas, es decir, quedarse todos los impuestos sin repartirlos, rompiéndose la caja única de la Seguridad Social, de la que dependen más de 9 millones de pensionistas, haciendo un agujero al Estado por la falta de ingresos y dando una total independencia económica a la Comunidad Autónoma. El problema ya no sería solo Cataluña, sino que otras Comunidades procedieran de la misma forma.
Para los bancos de inversión, la solución pasa por dar más autonomía, pero sin llegar a la independencia, mientras que los independentistas exigirían cada vez más hasta conseguir la ruptura. Y es que, no es una cuestión de dinero, más después de las numerosas promesas incumplidas por parte de los sucesivos gobiernos de España -como la del PSOE que aseguró que aprobaría el Estatuto de Autonomía que llevó el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall al Congreso, un texto trufado de ilegalidades y que trataba a Cataluña casi como un país independiente del resto, donde la lengua única de la administración sería el catalán, o que el TSJC la instancia judicial más elevada, por encima del Supremo o del propio Tribunal Constitucional, además se pidió al Estado invertir en Cataluña cerca del 20% del Presupuesto de Fomento, es decir, que el 80% debía repartirse entre el resto de Comunidades Autónomas. Todo ello fue declarado inconstitucional en la histórica sentencia de 2010, entre otros artículos-. Los independentistas se mueven más por sentimientos, aunque cabe recordar que se desactivaría en parte el problema dando más dinero.
Para JP Morgan «habría que revisar la Constitución» sin aventurar exactamente qué artículos y para qué se van a cambiar. Asimismo, para poder modificarla se necesitaría un amplio apoyo tanto en el Congreso como en el Senado, la convocatoria de elecciones generales y que la nueva composición del Congreso y Senado la apoyen con una amplia mayoría. Una tarea titánica dada la fragmentación de la Cámara Baja.
Asimismo, habla también de la posibilidad de elecciones autonómicas en Cataluña, pese a que los independentistas no están dispuestos y solo se haría en caso de que haya una nueva ruptura entre Generalitat y la CUP o bien en JxS, la formación formada por la antigua CDC y ERC. Con más concesiones, según este banco de inversión, Cataluña alcanzaría un estatus de «estado semi-independiente en una federación y tendría poco que ganar en una lucha por la secesión más allá de una ciudadanía y bandera simbólica». No obstante, se daría un paso más para conseguir el objetivo.
De momento, los puentes entre Gobierno central y autonómico están rotos tras la convocatoria del referéndum ilegal e inconstitucional.
