La juez del juzgado 5 de Madrid, Carmen Valcarce, pone ahora en jaque el pelotazo inmobiliario de José Ignacio Comenge, llamado el 'rey de la Bolsa española' por sus posiciones en numerosas empresas y una de las grandes fortunas de España. Comenge compró el edificio de Juan Mena 3 por tres millones de euros a Artal Real State, que no logró la licencia municipal para rehabilitarlo y edificar una nueva promoción de lujo con un parquing robotizado. Tras no poder conseguir las licencias, Artal entra en un fuerte bache económico, por lo que vende el edificio a Comenge por un precio irrisorio de tres millones, pese a valorarlo anteriormente en 25 millones.
El edificio y vez que cambia de propietario comienza a tener el visto bueno del Ayuntamiento de Madrid, gobernado entonces por el PP, pero no le dio todos los permisos a tiempo. De hecho, es el mismo equipo que denegaba la licencia a Alza el que da luz verde a la remodelación del inmueble. Por este motivo, los anteriores propietarios se querellan, y ahora la juez del juzgado 5 de Madrid investiga el caso.
El cambio de Gobierno en Madrid, ahora en manos de los de Podemos, ha supuesto un varapalo para Comenge, una de las grandes fortunas de España y un inversor en multitud de empresas cotizadas. El pasado mes de abril, el Consistorio de Manuela Carmena le denegó la licencia de primera ocupación en el edificio Juan Mena 13. Así le instó a realizar numerosas modificaciones.
Y es que, Comenge se ha visto salpicado por la imputación de cuatro altos cargos de Urbanismo, los mismos que denegaron la licencia a Artal y que después sí concedieron al millonario. El juzgado número 5 tendrá ahora año y medio para continuar las pesquisas, ya que ha declarado el caso de «alta complejidad», según recoge El Confidencial.
La denuncia contra estos cargos públicos proviene de Invergrad 2000, quien les acusa de un «presunto delito continuado de prevaricación cometido por funcionario público, todo ello sin perjuicio de la muy posible concurrencia de otros tipos delictivos que se pondrán de manifiesto a lo largo de la instrucción de la causa». Los altos cargos son Ángel Sanz D'Asteck, ex subdirector general de Edificación y vocal de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural del Ayuntamiento de Madrid (CPPHAN); Beatriz Lobón Cerviá, ex coordinadora general de Urbanismo y presidenta de la misma comisión; Norberto Rodríguez Pérez, ex director general de Control de la Edificación y vocal de la CPPHAN, y Javier del Palacio Fernández-Montes, ex subdirector general de Control de la Edificación. La juez les ha llamado para declarar el próximo 22 de junio.
Asimismo, ha ordenado a Carmena que remita todos los expedientes relacionados con el edificio de Juan Mena 13, y averiguar así si dieron luz verde a las reformas que antes habían denegado. Según la denuncia, en la licencia concedida a Blig 13-13 ya no se exige «la siempre invocada reestructuración general», para llamarse «obra de restauración y de reconstrucción del edificio», una sustancial modificación con la que la parte demandante se ha aferrado para tildarla de «infracción esencial en la licencia».
La empresa con la que Comenge compró el inmueble se constituyó pocos días antes de comprar el inmueble. En poco tiempo reactivó las obras, pese a que llevaban paradas más de un lustro, y todo en base a la misma licencia que ya tenía Artal, pese a que a esta empresa no le dejaron poner en marcha la obra.
