La Junta gastó 57 millones del paro en enchufar socialistas

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sospecha que las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), organismos municipales creados en 2002 por el Ejecutivo de la Junta de Manuel Chaves con la complicidad de UGT y CCOO, gastaron más de 57 millones en enchufar socialistas.
La UDEF ha iniciado una nueva línea de investigación en la lucha contra el fraude masivo en las subvenciones al empleo de la Junta de Andalucía.
Este hecho ya sospechaba desde hace más de 4 años: la Cámara de Cuentas de Andalucía denunció en el año 2012 que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) desviaba fondos que camuflaba como gastos comunes. El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) pidió en 2014 a la Fiscalía Superior de Andalucía que abriera diligencias de investigación sobre este informe de la Cámara de Cuentas que detectó que la Junta de Andalucía había repartido sin control 57 millones de euros entre las 95 Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico.
La Fiscalía Superior de Andalucía solicitó a la Junta de Andalucía que entregara a la Policía Judicial «los datos precisos» sobre las personas y departamentos responsables de las ayudas concedidas a las Utedlt en el trienio 2010, 2011 y 2012 y la «documentación concreta en cada supuesto».
Ahora, según publica El Confidencial, Cádiz es la provincia más afectada y se está a la espera de que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, acuerde la imputación de los presuntos máximos responsables de la trama en esa provincia. La UDEF, que ha respetado el período electoral, remitió a principios de la semana pasada un informe en el que solicitaba formalmente que se acusara los máximos responsables de los ocho consorcios que se crearon en Cádiz.
Por otro lado, en el informe policial se detalla que los programas de fomento del empleo no se realizaron, que se omitieron las inspecciones de gasto, que no se justificó el destino del dinero y que se alteraron datos para manipular el resultado de la inversión.
En el caso de Cádiz, el dinero sirvió para colocar en las estructuras de sus organismos implicados a personas vinculadas con el PSOE y con entidades y fundaciones de su entorno.