La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha afirmado que los socialistas buscarán solución a los 1.800 empleados laborales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sin ocupación fijada.
Miguel Ángel Vázquez, portavoz de la Junta, explicó que hay oficinas de empleo con diez trabajadores, dos funcionarios y el resto laborales, que se pasan el día de brazos cruzados porque no pueden, por ejemplo, acceder a información telemática del SAE sin autorización de un funcionario.
El SAE es una agencia de régimen especial con 636 funcionarios y 813 contratados laborales, pero desde la reordenación del sector público en 2010 han ido integrándose empleados de programas externos de políticas activas de empleo, como el millar de la Fundación para la Formación en el Empleo (Faffe) y que en algunos casos cobran más que sus compañeros y no pueden hacer nada porque ‘no son funcionarios’. Estos empleados no fueron despedidos al extinguirse la Faffe, sino que pasaron a depender del SAE, donde se les conoce como ‘fafitos’. Esta plantilla cuesta a la Junta unos cien millones de euros anuales, informa Diario Sur.
La Faffe se extinguió en el año 2011, con un agujero de 48,8 millones de euros en subvenciones de la Junta sin justificar, lo que dio lugar a una investigación por parte de la juez Mercedes Alaya. La Fundación se nutría de fondos públicos y sus empleados fueron contratados por el método del enchufismo, sin pasar las pruebas necesarias para la función pública.
Además, la Junta ha tenido que asumir por sentencia de los tribunales a los agentes locales de promoción de empleo (Alpe) de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y a los orientadores de empleo (Menta), cuyos puestos de trabajo fueron suprimidos en otro ajuste para cumplir con el déficit en 2012 .
La titular de Hacienda insistió en que, en ningún caso, la Junta va a otorgar ‘potestades públicas’ a ningún empleado que no sea funcionario. Sin embargo, dado que cobran dinero público por no hacer nada, defendió que una vez en la Administración, es ‘una obligación otorgarle funciones porque se les está pagando el salario’. ‘Nos vamos a reunir con los grupos políticos para buscar soluciones y que se les pueda asignar tareas a estos trabajadores’, explicó.