El bloqueo político en España tiene numerosos inconvenientes y algunos de calado, como suprimir parte de las estructuras de Estado o realizar reformas de calado como exige tanto Bruselas como el Banco Central Europeo a los países, pero también tiene sus ventajas, como ocurre a quienes han dedicado el dinero ganado y tributado al ahorro.
El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en sus Presupuestos una bonificación del 100% en el Impuesto de Patrimonio, siguiendo así la estela de la Comunidad de Madrid, la única autonomía con esta bonificación al tratarse de un impuesto injusto porque grava el ahorro y aplica una doble imposición, ya que el dinero ahorrado ya ha pasado por los ojos de la Agencia Tributaria.
Si no hay Gobierno difícilmente habrá nuevos Presupuestos y por tanto habría que cumplir con la prórroga. En las últimas cuentas aprobadas se establece una bonificación del 100% en el Impuesto Patrimonio para todas las CC AA a partir del 1 de enero de 2017. «Sobre la cuota íntegra del impuesto se aplicará una bonificación del 100% a los sujetos pasivos por obligación personal o real de contribuir«, señalan las cuentas.
Así, Cataluña, la Comunidad Autónoma que más recaudó por el impuesto de Patrimonio, dejaría de ingresar en las arcas públicas unos 430 millones de euros, más del 45% del total de la recaudación obtenida en todas las autonomías, cuyo montante asciende a 937 millones de euros a datos de 2014.
En Cataluña tienen que tributar por Patrimonio a aquellos que tengan unos bienes por encima de los 500.000 euros, mientras que el límite establecido por el Gobierno alcanza los 700.000 euros sin tener en cuenta la vivienda habitual.
El impuesto es tan injusto que incluso el ex ministro de Industria del PSOE, Miguel Sebastián, se opone al mismo. «En tributación, equidad vertical (quien más tiene más paga) y horizontal. Pongamos un ejemplo, dos personas que ganan lo mismo. Una lo gasta y otra lo guarda. Ponerle a esta segunda un nuevo impuesto sobre ese capital es injusto y, además, con él se desincentiva el ahorro. Y el ahorro le hace mucha falta a este país», señaló en el Faro de Vigo.
Las CC AA, sindicatos como Gestha y algunos académicos se escudan en esta recaudación por el elevado déficit de las CC AA y repiten el mantra de que las grandes fortunas son las principales defraudadoras en España. Asimismo, en vez de admitir que es un impuesto injusto han cargado contra la Comunidad de Madrid acusándoles de «dumping fiscal», es decir, atraer dinero con bajos impuestos.
Asimismo, meten a todas las grandes patrimonios en el mismo saco. Si una ha defraudado también lo hace el resto, aplicando la regla de que paguen justos por pecadores. «Buena parte de los protagonistas de los denominados papeles de la Castellana son residentes en Madrid y se benefician, por tanto, de la actual exención, mientras que defraudaron en el IRPF y se acogieron, en algunos casos, a la amnistía fiscal para saldar sus cuentas con Hacienda», aseguró Gestha en un comunicado.