UGT, un sindicato que en su federación catalana apoya a los independentistas, muestra su doble vara de medir sobre el fin de los peajes, que costará 3.000 millones a los contribuyentes. El sindicato alerta ahora de la pérdida de unos 1.300 puestos de trabajo por el cierre de los peajes, pero hace tan solo año y medio recogía firmas para exigir el cierre de la AP-4, entre Cádiz y Sevilla.
El desnortado sindicato, liderado ahora por el independentista Josep María Álvarez, exigía poner fin al peaje de la AP-4 tras 40 años de concesión, que expira en 2019. El sindicato pedía poner fin al «arcaico e injusto» peaje de la autopista que une Sevilla y Cádiz e incluso inició una campaña para cerrarlo, con recogida de firmas incluida por parte de distintas asociaciones vecinales.
Según apuntaba hace año y medio el sindicato, el fin de la protesta era para «acabar de una vez por todas con este arcaico e injusto impuesto». El peaje expiraba en 2019 y el Ministerio de Fomento del anterior Gobierno de Mariano Rajoy ya planeó su cierre, confirmado también por el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Asimismo, tildaba de «buena noticia» la extinción de este peaje más «cuando se trata de una autovía que los ciudadanos llevan pagando casi 50 años», como la gran mayoría de peajes en España. De hecho, UGT se indignó por el retraso del cierre del peaje ya que «resulta intolerable que los andaluces sigan pagando peaje después de más de 40 años desde su inauguración».
Ahora, el sindicato pone el foco en los 1.300 empleos que se perderán con el fin de los peajes. En este sentido, ha asegurado que en caso de llevarse a cabo el fin de las concesiones, en 2021, 1.300 trabajadores perderán su empleo. La primera autopista en despedir a empleados será la AP-1, entre Burgos y Armiñón, que tiene a su cargo 121 trabajadores y cuya concesión está previsto que finalice el próximo 30 de noviembre. Para esta vía, UGT vaticina un progresivo deterioro y colapso en caso de no ampliarse a tres carriles una autopista que soporta un ingente tráfico proveniente del país vecino (más del 30%).
UGT se rasga las vestiduras por la pérdida de 1.300 empleos
Una vez que revierta la concesión de la autopista AP-1, le seguirá la AP-7, que discurre entre Alicante y Tarragona, y la AP-4, que conecta Sevilla y Cádiz, en diciembre de 2019. Ambas ocupan en la actualidad a más de 300 trabajadores. En los cinco primeros meses del año, el tráfico de la AP-1 entre Burgos-Armiñón creció de media un 1,54%; el de la AP-7 entre Tarragona y Alicante arrojó un incremento del tráfico del 2,56%, mientras que la AP-4 entre Sevilla y Cádiz se anotó un incremento del 3,16% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Exige la Euroviñeta e impuestos medioambientales
En este contexto, el sindicato advierte de los interrogantes que se abren en el ámbito laboral a raíz de la medida anunciada y sobre el mantenimiento y conservación de las infraestructuras. También pone de relieve las dudas existentes sobre la continuidad del modelo concesional en España como fórmula de participación público-privada, la seguridad vial, la implantación de la denominada Euroviñeta, la contaminación, el ruido, el número de accidentes o la congestión, que implican competencias compartidas con otros ministerios, como el de Economía o el de Medioambiente.
Asimismo, el sindicato reconoce que el compromiso adquirido por el nuevo titular de Fomento no ha dejado indiferente a nadie y recuerda que el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se mostró dispuesto a abordar el futuro de las concesiones que vencen próximamente en el marco de un gran pacto de Estado.
Ante este anuncio, UGT ya ha avanzado su intención de trasladar a Fomento las repercusiones que puede tener esta medida en relación al empleo del sector y la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las infraestructuras.
