La huelga en la estiba está convocada lunes, miércoles y viernes y en horas alternativas desde el 24 de mayo al 9 de junio. Los estibadores acusan al Gobierno de mentir por una inminente multa que no llega desde Bruselas.
Los estibadores insisten en la subrogación como la única salida al conflicto. El líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, ha anunciado que la huelga se mantiene contra el segundo decreto del Gobierno para modificar el régimen de estiba, al no garantizar los puestos de trabajo, al tiempo que afirman sentirse engañados por el Gobierno de Mariano Rajoy.
El decreto «no cumple con la principal demanda de los estibadores» prometida por el ministro de Fomento, Ignacio de la Serna, que es garantizar el empleo de los 6.000 trabajadores, por lo que los estibadores se reunirán con los grupos parlamentarios para pedirles que el Congreso no lo convalide, dijo en rueda de prensa Antolín García.
Los estibadores reconocen avances en el nuevo decreto, como en materia de formación, con periodo de prácticas en los puertos, en el mantenimiento de los ámbitos de actuación de los estibadores y en la eliminación de las bonificaciones en los contratos temporales. Pero consideran estos avances «insuficientes» en cuanto a la principal demanda, la garantía de empleo.
El principal objetivo del decreto es poder despedir de forma masiva y con fondos públicos a los estibadores para colocar a otros en peores condiciones laborales y en beneficio de las empresas, sostuvo Antolín. «Nuestra prioridad no es la huelga, sino la negociación y la garantía del empleo«, explicó, por lo que los estibadores confían en la responsabilidad de los grupos parlamentarios para rechazar de nuevo el decreto del ejecutivo.
La demanda de los estibadores es que se retire el decreto y se abra una mesa de negociación «de verdad», porque «hay tiempo y condiciones» para modificar el régimen de estiba «desde el diálogo y el consenso» y con el objetivo común de cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo.
En caso de que el decreto se convalidara, los sindicatos han anunciado su intención de ampliar el preaviso de huelga ya presentado y tomar «más decisiones» para combatirlo. Según la Coordinadora, el Gobierno ha mentido en varias ocasiones, una de ellas por decir desde febrero que la multa de la UE a España era inminente, cuando aún no se ha producido.
También mintió el Gobierno al anunciar su voluntad de consensuar la reforma, cuando la ha aprobado sin consultar a los trabajadores en una muestra de «autoritarismo y falta de respeto». Otra mentira del Gobierno, según los estibadores, es decir que el primer decreto era la única vía para adecuarse a las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando la aprobación de otro segundo decreto demuestra que no hay una solución jurídica única.
Los estibadores también están molestos con la inclusión en el real decreto del pasado viernes del acta de mediación de Marcos Peña, quien en realidad es un intermediario del Gobierno que ha redactado un documento «errático y desubicado».
Para Antolín, los sindicatos y la patronal están en condiciones de acordar «lo que necesita el sector«, pero el Gobierno «hace oídos sordos» e impone el dictamen del mediador, que incluye rebajas salariales, una cuestión que es materia de negociación en el convenio colectivo.
«El Gobierno no se limita a la ejecución de la sentencia» del TJUE, sino que «va mucho más allá», y ha renunciado a negociar con sindicatos y con empresas para hacerlo con el Partido Democrático de Cataluña (PDeCAT), denunció Antolín. Aseguró que «el Gobierno se equivoca en la forma y en los contenidos, y si al final la única forma es la bronca será el único culpable del conflicto».