La cúpula de Pescanova se enfrenta al juicio en la Audiencia Nacional por haber cometido presuntamente hasta ocho delitos, como falsedad de cuentas, estafa, uso de información privilegiada, falseamiento de información económica y financiera, insolvencia punible, blanqueo, e impedimento de la actuación del supervisor.
En un auto fechado este 11 de junio y publicado este jueves, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, abre el juicio contra directivos y consejeros de Pescanova antes de que se declarase en concurso de acreedores en 2013. Asimismo, ha confirmado los indicios de delito cometidos.
En el llamado «caso Pescanova», que analiza desde 2013 el descalabro de la firma gallega por numerosas irregularidades contables, serán juzgadas 19 personas físicas y 12 jurídicas, entre ellos el ex presidente de la firma, Manuel Fernández de Sousa.
Los ocho cargos por los que deberán responder son falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, blanqueo de capitales, uso de información privilegiada e impedimento de la actuación del organismo supervisor.
Contra la resolución no cabe recurso, y los acusados tienen un plazo de treinta días para presentar sus escritos de defensa, tras lo que se fijará una fecha para el inicio de las sesiones del juicio oral.
En el auto, De la Mata recuerda que Pescanova era un «gigante» del sector alimentario especializado en pescado formado por más de 150 empresas entre sociedades y filiales, con presencia en 25 países y 10.000 trabajadores. El pasado 5 de febrero, el juez desestimó los recursos de apelación presentados por exdirectivos y antiguos consejeros de la empresa y dictó auto de procedimiento abreviado tras cerrar una fase de instrucción que se prolongaba desde 2013.
La auditora BDO, Pescanova SA y Buena Pesca 97, responsables civiles subsidiarios
En el auto se declara a Pescanova S.A. -una de las dos partes en que se dividió el grupo gallego tras el concurso de acreedores-, el auditor BDO y la sociedad Buena Pesca 97 como responsables civiles subsidiarios.
«Los acusados responderán globalmente considerados, conjunta y solidariamente, aportando la cantidad de casi 280 millones de euros en concepto de fianza, respondiendo subsidiariamente Pescanova por dicha cantidad», reza el documento.
Además, para el auditor BDO «se fija una fianza de 45 millones de euros y subsidiariamente respecto de su socio auditor, de 161 millones de euros». Como responsable civil directo aparece la compañía Mapfre debido a su condición de aseguradora de BDO y su socio auditor.
Las fianzas exigidas deberán presentarse en un plazo de cinco días, y de no hacerlo «se procederá al embargo de sus bienes en cuantía suficiente para cubrir las sumas fijadas».
