La Fiscalía Anticorrupción pide 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para José Antonio Griñán, ex presidente socialista andaluz, exministro de Trabajo y de Sanidad y mentor de la actual presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Susana Díaz, por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE. Además, solicita 10 años de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por prevaricación.
En el escrito de acusación presentado en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, la Fiscalía pide también ocho años de prisión para tres ex consejeros andaluces, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra ex consejera, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito.
Cabe señalar que al menos 136 millones de euros del erario público, que en realidad son 152 millones según la Dirección General de Seguros, fueron desviados de manera fraudulenta en el caso de los EREs de la Junta de Andalucía. Más de 12 millones fueron a pagar supuestas prejubilaciones a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas. Casi 74 millones se destinaron a subvencionar a empresas que no habían presentado un ERE o, aún peor, a personas que nunca habían constituido una empresa. Más de 60 millones se marcharon en comisiones a intermediarios, desde sindicalistas hasta aseguradoras.
Pero esto sólo es parte del pastel: la cifra total del fondo de la Junta destinado a las prejubilaciones roza los 650 millones de euros entre 2000 y 2014. Estas cifras no incluyen, por supuesto, las que verosímilmente se pagaron desde el otro lado: “mordidas” cobradas por funcionarios de la Junta para beneficiar a tal o cual empresa, a tal o cual particular. Asimismo, si se suma los 2.000 millones de los pagos fraudulentos en cursos de formación, siempre en la misma Administración, nos encontramos ante el mayor caso de corrupción de la historia de España.