La Declaración Unilateral de Independencia, DUI, ha resquebrajado a la Generalitat. Hasta tres consejeros han mostrado su intención de dimitir si se aprueba finalmente la ruptura con el resto de España.
Se trata de Santi Vila, consejero de Empresa; Mertixell Borrás, consejera de Gobernación, y Carles Mundó, consejero de Justicia. Todos ellos, se han mostrado contrarios a aprobar por decreto la independencia y después que sea el Parlamento quien lo vote. El bloque separatista hace aguas tras tener como socio a la CUP, ya pasó con CiU, que tuvo que escindirse.
El problema está en la exigencia de la CUP, que no quiere que el Parlamento vote la independencia, sino que se haga a través de un decreto, según publica La Razón. En este sentido, los radicales separatistas exigen que se dé ya el «mandato» del «pueblo catalán» y apuntan que la independencia ya se ha hecho, por lo que tan solo queda el trámite burocrático tras el referéndum ilegal del 1-O.
Así, la CUP exige seguir la hoja de ruta marcada por la Ley de Transitoriedad Jurídica, tumbada por el Tribunal Constitucional, e iniciar el proceso constituyente funcionando ya como república. Es decir, tras la aprobación del decreto de la DUI se convocarían elecciones constituyentes.
El movimiento ahora de Carles Puigdemont afectará a los consejeros catalanes. En concreto, Vila, Borrás y Mundó ya han avisado de que dimitirán en el cargo. La amenaza de Puigdemont en su respuesta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es que el Parlamento vote la declaración de independencia, pero la CUP se opone a ello.
La decisión, no obstante, la tomará la Mesa del Parlamento catalán, y los votos de la CUP son decisivos en esta situación, dado ya por descontada la actuación de los tribunales para anularla. En caso de que los radicales se ausenten, no habrá mayoría parlamentaria en el sector separatista, por lo que la independencia quedaría anulada, dando fin a esta parte del circo.
No obstante, si la Generalitat aprobara por decreto la declaración de independencia, el primero en ser denunciado sería Puigdemont.
Las llamadas al diálogo por parte de la Generalitat son genéricas, sin petición explícita sobre de qué se va a hablar. De momento, se trata de un chantaje más del independentismo que un gesto real para destensar la situación.
«Si el Gobierno persiste en impedir el diálogo y continuar con la represión, el Parlament podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10». Esta es la amenaza de la Generalitat, que activaría el plan secesionista de la administración paralela.
