La Guardia Civil registra las sedes de Acciona en Madrid y de Adif en Barcelona desde primera hora de la mañana de este martes en una operación que incluye una veintena de detenciones por presunta malversación de dinero público en el AVE a Barcelona, con La Sagrera como epicentro de la trama.
El desvío de dinero alcanzaría 85 millones de euros que Adif habría pagado por trabajos no realizados a varias empresas constructoras, como Acciona.
El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, y las pesquisas se centran en Adif y en las empresas constructoras que lograron contratos para la construcción de la alta velocidad.
Asimismo, la benemérita está realizando registros tanto en Madrid como en Barcelona, como las de Acciona y Adif. Entre los detenidos hay tres responsables de Adif, empresa que llevó a la Fiscalía Anticorrupción el caso al detectar agujeros en su contabilidad.
Al menos 15 detenciones
La Guardia Civil tiene previsto practicar una quincena de detenciones y varios registros en Barcelona y Madrid, en una operación contra una red acusada de inflar facturas hasta generar un sobrecoste de 80 millones en tres obras del AVE cercanas a la estación de La Sagrera de la capital catalana. Los 15 detenidos están acusados de cometer presuntamente delitos de malversación y falsedad documental.
Entre los supuestos integrantes de la trama figura un exresponsable de obras de Adif que ya fue detenido en 2014 en otra operación policial contra una red acusada de cobrar sobornos a cambio de permitir sobrecostes en varios tramos de las obras del AVE en Barcelona.
Paralela al caso Yogui
De hecho, la operación lanzada hoy por la Guardia Civil es paralela a esa otra investigación que dirige el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona y que, en mayo de 2014, comportó la detención de diez personas -entre ellas excargos de Adif y de empresas constructoras- por sobrecostes supuestamente irregulares en las obras del AVE en Barcelona.
Precisamente, fue esa primera investigación judicial -centrada en un tramo entre la Sagrera y El Nudo de la Trinitat adjudicado a Corsan- la que motivó que Adif encargara auditorías externas e internas sobre otras obras de esta infraestructura, que todavía estaban en su fase inicial, con apenas un 20 o 30% del proyecto ejecutado.
Las auditorías, que el gestor de infraestructuras llevó a la Fiscalía Anticorrupción el año pasado, concluyen que otras empresas contratistas de la línea del AVE en las inmediaciones de la estación de La Sagrera inflaron presuntamente las facturas de sus construcciones, para obtener beneficios millonarios, con la complicidad de responsables de obras de Adif en la época.
En concreto, Adif detectó desajustes entre el volumen ejecutado de las obras y las certificaciones correspondientes, por lo que decidió paralizar los trabajos de construcción para llevar a cabo las comprobaciones pertinentes.
Meses después, la empresa gestora de infraestructuras remitió una carta al fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, que lleva el caso, para solicitarle que autorizara la continuación de las obras, a lo que el ministerio público respondió también por escrito que no le correspondía resolverlo, dado que no había sido suya la decisión de detener los trabajos.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, informó el pasado 7 de junio de las irregularidades detectadas al consejo de administración de la sociedad Barcelona Sagrera Alta Velocidad -que incluye también al Ayuntamiento y la Generalitat y no se reunía desde 2013-, y justificó así el retraso de las obras.
La estación del AVE en la Sagrera y sus accesos, cuya construcción se adjudicó en 2010 a dos UTE, es uno de los principales proyectos de infraestructuras en marcha en Barcelona y está previsto que se pueda inaugurar en 2020, tras retrasarse en varias ocasiones.
Las supuestas irregularidades destapadas en la operación que está en marcha siguen el mismo patrón que las que, en mayo de 2014, motivaron una decena de detenciones de contratistas y responsables de Adif, acusados de alterar de forma repetida las mediciones técnicas, falsear las certificaciones de obra ejecutada y camuflar el desvío.