La Asamblea Constituyente prevista para el 30 de julio es la clave en el enfrentamiento entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. El país se dividirá en consejos comarcales y se realizará una revisión de la Constitución, sin gobiernos estatales y silenciando a la oposición.
Si la asamblea de 545 miembros que establecerá la Constituyente se consolida, mantendrán poder absoluto sobre el país durante el proceso de revisión del acta constitutiva, que podría tardar años. Al mismo tiempo, se espera que la asamblea postergue las próximas elecciones presidenciales.
En un reportaje publicado por el periódico estadounidense The Wall Street Journal, recogido por Diario de las Amécias, se afirma que la batalla por la democracia en Venezuela está llegando a su etapa final. La situación se encuentra en un punto de no retorno, ya que o se da el poder a la oposición, que conllevaría unas elecciones democráticas, o se entregará el poder a la corrupción y la miseria.
Maduro se aferra a los mismos problemas que amenazan la estabilidad del país, como la depresión económica, el conflicto social y el narcotráfico para promover sus movimientos políticos. Cuando Maduro convocó la apertura de la Constituyente, justificó su decisión como una medida necesaria para sobreponerse de manera pacífica a la depresión y a las manifestaciones diarias en las cuales ya murieron más de 90 civiles en 80 días.
Si se consolida la Asamblea Constituyente, formada por 545 miembros -la mitad chavistas- la oposición se quedaría sin el poder que ostenta ahora en el Congreso, al tiempo que no había nuevos comicios presidenciales, llevando a Venezuela a la dictadura. En este contexto, concluye David Smilde, un experto de Venezuela de la Universidad Tulane, «esta es la última batalla por la democracia en Venezuela».
El ejército y el petróleo son las dos fuentes principales del poder en Venezuela. Cuando Hugo Chávez fue electo presidente en las elecciones de 1998, despidió a 19.000 empleados de la firma estatal Petróleos de Venezuela y los reemplazó por seguidores fieles a su mandato. En los años posteriores se dispararon los precios del crudo y Chávez aumentó el gasto público descontroladamente. En vez de aprovechar las condiciones favorables de la economía global para ahorrar, no solo mantuvo un déficit presupuestario casi permanentemente, sino que también se endeudó con prestamistas de Wall Street, China y Rusia. Regaló miles de millones de dólares de petróleo a Cuba, Nicaragua e incluso a Boston y a Londres para jactarse de su abundancia sobre el recurso natural.
La cantidad de funcionarios públicos se duplicó a cinco millones y aumentó el creciente gasto gubernamental. La emisión de billetes causó una inflación inmanejable, por lo cual decidió congelar ciertos precios incluso a niveles inferiores al costo de producción. Compañías que se rehusaron a vender aún sufriendo pérdidas fueron confiscadas, lo cual agravó la escasez de productos y sometió a los consumidores a depender de importaciones.
Cuando el precio del petróleo comenzó a bajar en 2014, el país ya no pudo pagar por las importaciones, que han caído de USD 66.000 millones en 2012 a unos USD 15.500 millones este año.
Para fines de este año, la economía de Venezuela se reduciría alrededor de un tercio en los últimos cuatro años, una caída similar a la de Cuba luego de la disolución de la Unión Soviética.
«El objetivo final de Maduro es convertir a Venezuela en Cuba. Y no vamos a aceptar ser puestos en esa jaula», dijo Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional dominada por la oposición.
El artículo asegura que según el Fondo Monetario Internacional, se estima que la inflación rondará el 720% en 2017 y superará el 2.000% el año que viene. La escasez de recursos es tan aguda que tres de cada cuatro venezolanos han bajado un promedio de ocho kilos el año pasado, según una encuesta conducida por universidades venezolanas.
«El gobierno está desesperado porque sabe que la próxima elección presidencial será su última», dijo César Miguel Rondón, un popular conductor de radio cuyo pasaporte fue confiscado recientemente cuando intentó viajar a Miami con su familia para un viaje de negocios. «Soy un rehén en mi propio país», asegura.
número de prisioneros políticos ha aumentado a 391, casi cuatro veces más que el año previo, según el grupo de derechos humanos Foro Penal. Últimamente, el gobierno ha concentrado sus esfuerzos en intentar de remover a la fiscal general del país, Luisa Ortega Diaz, de su puesto desde que se opuso a la Constituyente de Maduro, un caso que está siendo procesado por el Tribunal Supremo de Justicia.
