El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha sido citado a declarar por la juez instructora Carmen Lamela como investigado por un posible delito de sedición.
La juez cita también a declarar como investigados a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, a los que la Guardia Civil atribuye el papel de haber dado órdenes a la muchedumbre que durante 18 horas impidió salir del edificio de la Secretaría de Hacienda a la comisión judicial que supervisaba el registro y a los agentes que lo llevaron a cabo por orden del juez de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.
Las citación es para el próximo viernes en relación al asedio de la Conselleria de Economía de la Generalitat el pasado 20 de septiembre mientras las fuerzas de seguridad llevaban a cabo un registro en su interior. Será en condición de investigados, por lo que deberán acudir asistidos de letrado. En el caso de Trapero y la intendente, la instructora de la Audiencia Nacional trata de determinar si con sus acciones o con sus omisiones cooperaron o facilitaron la comisión del delito de sedición, castigado con prisión de hasta 15 años en el caso de que sea perpetrado por autoridades.
Tras el asedio, la Fiscalía denunció los hechos como constitutivos de un delito de sedición y la juez la admitió a trámite al entender que el fin último de los disturbios es el de una ruptura de la forma de Gobierno.
Trapero alegará ante la juez que ha cumplido estrictamente órdenes judiciales
El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, alegará ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que ha cumplido «estrictamente» las órdenes judiciales y de la Fiscalía en sus actuaciones sobre el referéndum del 1-O.
Según han informado los Mossos d’Esquadra en su cuenta oficial de Twitter, en la comparecencia judicial el mayor aportará toda la información sobre las actuaciones que la policía autonómica llevó a cabo en el dispositivo del 20 de septiembre, y alegará también que en todas las intervenciones de los últimos días han cumplido «estrictamente» las órdenes judiciales y de la Fiscalía.
La jefatura de los Mossos d’Esquadra ha remitido hoy un escrito a todos los agentes en la que muestra su «plena confianza» en la labor llevada a cabo por el cuerpo en relación con el referéndum y les insta a seguir trabajando en la misma línea, han informado a Efe fuentes policiales.
Los Mossos también han pedido que se les deje al margen de los actos de apoyo que se puedan convocar para arropar a los líderes de la ANC y de Òmnium tras su imputación, para dejar claro que no mantienen ninguna vinculación política con los responsables del proceso soberanista y que su labor es independiente.
La Guardia Civil pidió varias veces ayuda a los Mossos
Como primera diligencia de investigación, la juez pidió el informe del instituto armado que incluye hasta seis peticiones por escrito a los Mossos en relación con los incidentes de la conselleria, contestadas -en algún caso dos horas después- con escuetas respuestas de que se había dado trámite a la solicitud.
Además de las peticiones por escrito, los guardias pidieron en varias ocasiones ayuda a la intendente de los Mossos, Teresa Laplana, desplazada al lugar desde primera hora de la mañana, pero hasta las 14.30 horas no se presentó un responsable de la Unidad de Control de Masas.
En una de esas peticiones, se traslada a la intendente de los Mossos la necesidad de proteger los tres coches que habían quedado fuera y que ya estaban rodeados. Se le dijo que los coches tenían «armas largas» y que si los manifestantes accedían a los vehículos «podría incrementarse la amenaza de forma muy importante».
La intendente respondió, según el guardia, que no podía hacer nada y que su intención era «mantener la situación».
El relato de los guardias que actuaron revela que los agentes que custodiaban la puerta se vieron obligados a entrar en el edificio para evitar «el enfrentamiento directo» ante la actitud «cada vez más hostil» de los manifestantes.
Y, a medida que avanzaba el día y crecía el número de asistentes, la Guardia Civil constata que la protesta estaba coordinada y organizada, incluso con avituallamiento y con voluntarios que formaron una cadena humana para permitir la salida del edificio de las autoridades y trabajadores, pero no de la comitiva judicial.
A las diez de la noche se dio por finalizado el registro, pero la comisión judicial «quedó retenida y sitiada en contra de su voluntad».
Dos horas después, Sánchez y Cuixart, subidos a un vehículo de la Guardia Civil -que ya habían sido destrozados- arengaron a los asistentes a persistir en la protesta. A juicio de la Guardia Civil, ambos demostraron capacidad para coordinar la protesta, pero no usaron ese control para disolver una manifestación que habían convocado y que estaba «coaccionando» a los agentes.
Más tarde, «la masa» intentó acceder al edificio por la fuerza. El testimonio de uno de los agentes dice: «El ambiente en el exterior era muy tenso y hostil, tirando objetos e insultando constantemente a los guardias civiles. También realizaban cánticos en los que decían ‘esta noche dormiréis aquí’ (…) sobre las 3 de la mañana hubo una carga violenta de los manifestantes contra las puertas en la que por parte de unos 15 agentes de Mossos y Guardia Civil hubo que aguantar las puertas, puesto que parecía que la masa podía tirarla abajo y acceder».
Para entonces, la secretaria judicial había salido por un teatro anexo camuflada entre el público que había ido a la función. Los agentes salieron entre las cuatro de la mañana y las siete.
Además, el informe deja constancia de que aquel día la Guardia Civil envió hasta 24 solicitudes de apoyo a los Mossos, diez de ellas con carácter urgente, en diversos puntos de Barcelona, en Sabadell, en Hospitalet, Les Franquesas del Vallés, Vic, Tarrega, Lleida, Manresa, Reus y Valls.
En concreto, alertaron de una concentración que se dirigía a la casa cuartel de Vic, por lo que pidieron apoyo para garantizar la integridad del personal que allí presta servicio y de las familias que allí residen; e hicieron lo mismo en el polígono industrial de Bigues, puesto que la comisión judicial no podía abandonar el lugar al haber varias personas tiradas en el suelo.
Incluso, advierten de que han tenido conocimiento de que «todos los alumnos de bachillerato de los dos institutos» de Tarrega se concentraran al día siguiente frente al cuartel de esta localidad.
El sueldo de Trapero
El mayor de los Mossos tiene un sueldo de 84.649,64 euros anuales, a razón de 6.107,68 euros al mes en 14 pagas, como publica la Generalitat en su portal de transparencia. Sin embargo, estos altos cargos podrían haber visto un aumento de sueldo este 2017 que aún no recoge dicho portal de transparencia.
El portal Sueldos Públicos añade además que a esta cantidad habría que sumar los trienios que correspondan a Josep Lluis Trapero por su antigüedad en los Mossos, a razón de 43,08 euros al mes por cada uno de los trienios que haya cumplido.
Su salario es superior a los del Presidente del Gobierno y del propio Ministro del Interior. Mariano Rajoy tiene un sueldo de 79.756,68 euros en este 2017 y Juan Ignacio Zoido, de 70.368,48 euros al año.
Jueces investigan a los Mossos por no cumplir órdenes
Hasta siete juzgados de Cataluña han abierto diligencias para investigar la actuación de los Mossos d’Esquadra por no haber impedido la votación del referéndum independentista, como ordenaba el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Las diligencias las han abierto, en unos casos de oficio y en otros a raíz de denuncias de particulares, juzgados de Barcelona, El Vendrell (Tarragona), La Seu d’Urgell (Lleida), Lleida y las localidades barcelonesas de Cerdanyola del Vallès, Santa Coloma de Gramenet y El Prat de Llobregat (Barcelona).