La Junta Única de Resolución, JUR, decidió hace justo un año la resolución de Banco Popular y posterior venta al Santander por un euro. 305.000 accionistas y bonistas perdieron toda su inversión por una medida basada en un informe provisional de Deloitte. Este 7 de junio, el informe íntegro permanece sin ver la luz pública.
La JUR ha denegado su acceso a las defensas tanto de EE UU, como del TJUE y de la Audiencia Nacional. El Frob, poseedor también del informe, se ha negado también a publicarlo esgrimiendo su lealtad ante la autoridad europea.
La JUR ha declinado este jueves hacer comentarios sobre en qué punto se encuentra la elaboración del informe definitivo de Deloitte sobre Banco Popular. Hace apenas tres meses afirmaba que «estamos esperando impacientemente esta valoración y le hemos dejado claro que esperamos que la termine más pronto que tarde, pero está en sus manos porque son independientes y a nadie le gustaría ser acusado de haber presionado al valorador para hacerlo rápido».
Pese a mantener que la operación fue un «éxito», König ha reconocido que tuvieron «mucha suerte» de que el Santander pudiese comprar el Popular y que deben «extraer lecciones» del caso, diagnóstico que comparten el supervisor de la eurozona, el FROB y economistas.
Pese a mantener que la operación fue un «éxito», König ha reconocido que tuvieron «mucha suerte» de que el Santander pudiese comprar el Popular y que deben «extraer lecciones» del caso, diagnóstico que comparten el supervisor de la eurozona, el FROB y economistas. «Te preguntas: ¿Qué pasa si hubieras tenido que abrir el banco al día siguiente pero no hubieras tenido una solución?», decía la propia König en una conferencia.
De ser solvente a ser un reguero de pérdidas
Durante la tarde noche de entre el 6 y el 7 de junio del pasado año, la JUR, un organismo presidido por Elke König creado apenas 3 años antes, tomaba la drástica decisión de resolver Banco Popular. Todo ello después de que el BCE asegurase que era inviable por falta de liquidez. No obstante, semanas antes del ocaso el Gobierno de Mariano Rajoy por medio de Luis de Guindos, ex ministro de Economía y vicepresidente del BCE, afirmó que era «solvente». Sin embargo, no debían tenerlo tan claro las administraciones públicas, entre las que se encuentran empresas vinculadas a Fomento y la Seguridad Social, al sacar grandes cantidades de dinero de la entidad financiera.
La operación fue ejecutada por el Frob, dependiente del Ministerio de Economía, que había afirmado que solo entregará el informe a los jueces, pero solo las partes que dictamine la JUR. Hasta ahora, la decisión tomada entonces se dirime en los tribunales, con 259 causas abiertas en EE UU, TJUE y la Audiencia Nacional. El Frob, por su parte, ha asegurado que ha rechazado todos los recursos que se le han presentado contra esta medida, hasta un total de 114.
Varias dudas se presentan aún un año después de la resolución. La principal de ellas es por qué no se ha dado a conocer aún el informe de Deloitte, la segunda versa sobre si había alternativas distintas, como sostienen algunas defensas, como la inyección de dinero público, como se había hecho en Italia con Monte dei Paschi. La tercera es si la nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, dará a conocer este informe.
Según las defensas de numerosas causas, la JUR no siguió el reglamento establecido para resolver Banco Popular. El primer punto exige un informe independiente y definitivo, mientras que la propia JUR ha asegurado que el informe de Deloitte es «provisional», y que aún ha dado tiempo a la auditora a realizar la versión definitiva.
Además, están aún pendientes las polémicas declaraciones de la propia König al asegurar que estaban vigilando muy de cerca a Banco Popular, pese a que tiene expresamente prohibido hablar de este tipo de casos. Lo hizo meses antes de que Popular fuera resuelto, provocando una fuerte caída en Bolsa. König aún se mantiene en el puesto y nadie en Bruselas le ha afeado este comportamiento públicamente.
Hasta el momento, empujada por las quejas llegadas a su panel de apelación, la JUR ha publicado parte de su propio informe de valoración de la entidad y del que hizo Deloitte, que determinó que el banco tenía un agujero de entre 11.800 millones de euros en el mejor escenario y 20.600 millones en el peor. Su valor era de 2.000 millones negativos en el peor caso y de 8.200 en el mejor. No obstante, una tercera valoración, filtrada después de la resolución, arrojaba un saldo positivo de 1.500 millones, es decir, Popular no era un banco vacío.
Deloitte apenas tuvo tiempo para hacer un informe sobre Banco Popular y no accedió a datos confidenciales
Deloitte se excusó afirmando que tuvo un tiempo «extremadamente corto» para hacer la auditoría y que no había tenido acceso a «cierta información crítica», al tiempo que siguen siendo confidenciales los datos sobre las salidas de depósitos y la liquidez de emergencia que proporcionó el BCE, motivo por el que no ve la luz el estudio. No obstante, un año después sigue sin verse.
Otro de los principales puntos es que Deloitte debe corroborar que los inversores recibieron mejores condiciones con la resolución de las que habrían tenido si se hubiera liquidado la entidad, tal como exigen las normas europeas. De esta forma, los accionistas podrían ser acreedores de la entidad financiera, que contaba con activos. De no ser así, la UE tendría que compensar a los perjudicados con dinero del Fondo Único de Resolución.
Tanto la JUR como el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) abogan por una ley de moratoria en toda la UE que permita «congelar» las actividades de los bancos en problemas durante un corto periodo de tiempo mientras se busca una solución, tal como ya hacen algunos países.
Aunque la CE incluyó esta propuesta en el paquete bancario aprobado en mayo, los Veintiocho acordaron dejar la decisión en manos de cada Estado y fijaron que, de introducir una moratoria, esta puede afectar también a las retiradas de depósitos, pero durar solo hasta la medianoche del día laborable siguiente a la notificación.
El FROB, por su parte, pide que se mejoren los instrumentos de liquidez con que cuentan las autoridades de resolución porque la recapitalización interna no genera liquidez por sí misma.
Las instituciones europeas piden además que se armonicen las leyes de insolvencia bancaria entre los países de la UE, para garantizar igualdad de trato a los acreedores en los Veintiocho, y poner en marcha el estancado Sistema Europeo de Garantía de Depósitos.
