Las dudas por la falta de transparencia pesan aún sobre la resolución de Banco Popular. Los litigios judiciales se reparten entre el TJUE, la Audiencia Nacional y EE UU, donde un nutrido grupo de grandes inversores liderados por el ex consejero de Banco Popular Antonio del Valle y fondos de inversión piden todos los datos de la resolución.
El BCE y la JUR, dirigidos por Mario Draghi y Elke König, respectivamente, a través de la Comisión Europea, tratan de salvar las partes supuestamente confidenciales del informe provisional de Deloitte. Este informe es clave para el caso, más cuando la Junta Única de Resolución y el Banco Central Europeo basaron en él sus decisiones para resolver y vender después Banco Popular por un euro al Santander.
El caso está en manos de un tribunal de Nueva York, mientras que la CE ha exigido al juez que proteja la confidencialidad de los informes pertenecientes al BCE y la JUR. Los estudios, realizados en tiempo récord, afirmaban que Banco Popular no podría abrir sus puertas el 7 de junio de 2017 por falta de liquidez, al tiempo que la entidad estaba valorado entre los -2.000 y -8.000 millones de euros. No obstante, había una tercera cantidad que se filtró poco después, con un valor positivo de al menos 1.500 millones de euros, motivo al que se aferran los accionistas para exigir indemnizaciones.
No se han dado a conocer íntegramente los informes, mientras Bruselas maniobra para que así continúe
El caso en EE UU cobra especial interés ya que no está dominado por las habituales presiones a los jueces sobre algunos asuntos. Una sentencia en contra de la resolución provocaría un descrédito sin precedentes en las altas instituciones europeas, al tiempo que se tendría que resarcir a todos los accionistas y bonistas de alto riesgo que perdieron toda su inversión de la noche a la mañana entre el 6 y 7 de junio de 2017.
Antonio del Valle, demandado en España por supuestamente maniobrar contra Banco Popular y hacer caer el precio de las acciones, junto a los bonistas Pimco y Anchorage demandaron a la JUR y al BCE ante el tribunal de Nueva York, mientras ahora Bruselas trata de mantener oculto todo el informe de Deloitte.
Bruselas trata de irrumpir en el caso mediante la figura jurídica del «amicus curiae», según ha apuntado La Información. De esta forma, sería parte del caso, pese a no tener perjuicio dentro del mismo. Para justificar su actuación se basa en un caso de acoso de la economista holandesa Heleen Mees al economista jefe de Citigroup Willem Buiter, y en otras dos investigaciones sobre carteles de precios en productos de caucho en 2007 y en comisiones a comercios por tarjetas bancarias en 2010.
Según Bruselas, dar a conocer los informes sobre la resolución de Banco Popular sería un perjuicio al sistema financiero o a sus propios mecanismos ya que se desvelarían los criterios y cálculos realizados para dar a conocer la situación de quiebra de Banco Popular, que podrían utilizarse en otras entidades financieras vulnerables, señalando así a éstas.
Los inversores de Antonio del Valle y los bonistas de alto riesgo perdieron un total de 1.100 millones de euros con la resolución. En manos del juez de Nueva York estará así se concede a las defensas toda la información sobre la resolución, o por contra mantendrá oculto los polémicos informes. En caso de destapar los informes, las defensas de los accionistas y bonistas ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal de Justicia de la UE tendrían más munición para exigir justicia contra la JUR.
Hasta ahora hay 259 acciones judiciales contra la Junta Única de Resolución, mientras que el Frob rechazó 114 recursos. Hay 305.000 acciones de Banco Popular afectados y los fondos inversores en deuda de mayor riesgo tienen 870 millones, la mayoría en Anchorage y Pimco.
