España ha presentado como un éxito el plan de la UE para la reconstrucción económica, pero no es oro todo lo que reluce y hay muchas condiciones para recibir el dinero.
Los países tendrán que presentar planes de reformas e inversiones a la Comisión Europea, que evaluará si estos cumplen con sus recomendaciones económicas anuales, refuerzan el potencial de crecimiento o la creación de empleo, o favorecen la transición ecológica y digital.
Estos planes tendrán que ser aprobados por mayoría cualificada en el Consejo (al menos quince Estados miembros que representen el 65 % de toda la población de la UE).
Las transferencias directas que, en todo caso, estarían siempre acompañados de un compromiso de reformas económicas internas en mercados como el laboral o el de las pensiones.
El acuerdo refuerza además el control sobre la concesión de ayudas directas para contentar a Holanda, que reclamaba que los países pudiesen vetar los planes de reformas e inversiones de sus socios, mientras que la Comisión Europea planteaba que se pronunciaran solo a nivel técnico.
El desembolso de cada tramo de ayuda dependerá después de que se confirme que están cumpliendo las metas pactadas, para lo que la Comisión pedirá la opinión de los Veintisiete a nivel técnico.
Si uno o varios países consideran que hay incumplimientos, podrán elevar el asunto a una cumbre de líderes comunitarios, con lo que la aprobación del pago se paralizará hasta que aborden la cuestión.
Este sistema, conocido como «freno de emergencia», se ha introducido para contentar a Holanda, que pedía derecho de veto sobre las reformas propuestas por otros países, algo a lo que se negaban el resto de los Veintisiete.
Países Bajos también logró aumentar sus descuentos (1.921 millones de euros frente a 1.576 millones en la propuesta inicial), al igual que el resto de los países autodenominados «frugales» (Dinamarca, Suecia y Austria, además de Holanda), por su contribución al presupuesto europeo, al ser contribuyentes netos y aportar más de lo que reciben.
