El ministro de Economía, el ex banquero Luis de Guindos, está ultimando los flecos de la nueva ley hipotecaria, una norma que desoye las sentencias del TJUE y protege a la banca de posibles querellas por abusos.
El ministro de Economía impondrá límites a la ejecución de hipotecas. El impago tendrá que ser de entre el 3% y el 5% del total del crédito, en función de las cuotas que faltan por pagar y del montante del préstamo. Este criterio es muy laxo en relación a los fijados en otro países del entorno, como tanto gusta citar como ejemplo al ministro de Economía, e inferior al que fija el Tribunal Europeo de Luxemburgo.
En concreto, Alemania esta banda se sitúa entre el 8% y el 10%, al tiempo que el TJUE exigió al Gobierno proteger de estas ejecuciones a colectivos vulnerables, como personas en paro o cuyos sueldos se han visto rebajados significativamente debido a la crisis. El texto de De Guindos no hace referencia alguna a las pérdidas de ingresos de los hipotecados.
Hasta ahora, los jueces exigían un mínimo de tres cuotas impagas para iniciar el proceso de ejecución hipotecaria, que acababa normalmente en un desahucio, por el que el hipotecado tendrá que seguir asumiendo la deuda pese a perder el inmueble. Este proceso se activa con la cláusula de vencimiento anticipado, declarada nula por el TJUE, y que seguirá vigente en la nueva normativa.
Ahora será necesario impagar al menos el 3% del crédito si el vencimiento es a diez años o bien se produce durante los primeros diez años del préstamo. El porcentaje se incrementará al 5% en caso de que el vencimiento supere los 10 años o bien se haya impagado después de 10 años.
No obstante, según recoge El País, el Tribunal Europeo de Luxemburgo exigió a España proteger a los colectivos vulnerables, mientras que el Gobierno ha preferido hacer oídos sordos al respecto. En Alemania, por ejemplo, la ejecución hipotecaria solo se activa a partir del impago de entre el 8% y el 10%. El PSOE ya está negociando estos baremos para aumentar estas ratios y elevarlo al menos a la situación de Alemania.
Por otro lado, en cuanto a la morosidad, los hipotecados que no hayan abonado sus cuotas pagarán el triple del tipo oficial del dinero, es decir, un 9%, mientras que el Supremo solo apunta un interés de un 2% superior al interés pactado. Asimismo, el Gobierno no ha esperado aún la respuesta del Tribunal de la UE al Supremo sobre dos cuestiones pendientes respecto al interés y a la ejecución de hipotecas.
De esta forma, se ha legislado con un endurecimiento de la ley para el cliente, y más favorable para la banca, haciendo gala de su título de ex banquero, como responsable de Lehman Brothers en Europa.
Además se exige a los notarios asegurarse que el hipotecado conozca al detalle el contrato, por lo que se guarda la espalda a los bancos en caso de un nuevo abuso de las entidades financieras frente a los tribunales, pese a que los notarios no pueden actuar como asesores, e impedirá a un cliente ejercer su derecho ante la Justicia, ya que no podrá alegar que no sabía lo que firmaba.
