Las recetas fiscales de la OCDE a Rajoy: subidas del IVA e IRPF y bajada de cotizaciones

La OCDE ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy una nueva reforma fiscal, que pasaría por incrementar los impuestos especiales, ampliar la base imponible de Sociedades, IVA e IRPF y una bajada de las cotizaciones sociales para los salarios más bajos.
La OCDE se muestra crítica con algunos tipos reducidos del IVA, en particular aquellos de productos que compran esencialmente las familias de altos ingresos y remacha que España apenas utiliza la fiscalidad medioambiental, antes de pronunciarse por una subida de los impuestos de los carburantes, especialmente el diesel.
En los últimos días, el Gobierno de Mariano Rajoy ha descartado tocar el IVA y el IRPF, pero también lo dijo en 2011, cuando aseguró en campaña electoral que la presión fiscal en el IRPF caería. El Gobierno aprobó en 2012 la mayor subida de impuestos en la democracia, ya que también incrementó el IVA pese a hacer campaña en contra durante 2009.
En 2014, el Gobierno aprobó una bajada de impuestos, pero mantuvo intacto el IVA, y el IRPF se rebajó a los niveles de 2011.
Asimismo, la OCDE ha rebajado el optimismo del Gobierno de Mariano Rajoy de cara al 2017. El crecimiento será del 2,3%, y un 2,2% en 2018, unas previsiones inferiores a las manejadas por el Ejecutivo.
En su informe semestral de perspectivas publicado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) manifiesta su inquietud por que el Gobierno en minoría de Mariano Rajoy pueda reducir su capacidad para hacer las reformas que den un impulso a la actividad de forma sostenible.
Más allá de alertar sobre los riesgos de turbulencias en los mercados financieros internacionales, la OCDE eleva en cinco décimas la progresión del PIB español en 2016, que tendrá así el quinto más elevado de sus 35 países miembros, sólo por detrás de Islandia (6%), Nueva Zelanda (3,7%), Israel (3,6%), Eslovaquia (3,3%) e Irlanda (3,1%).
Las razones son la fortaleza de la demanda interna (el consumo sube un 3,4% y la inversión un 4,3%), las condiciones favorables de financiación (con unos tipos de interés históricamente bajos), un barril de petróleo muy barato, una evolución salarial muy moderada por el abultado desempleo y la expansión de las exportaciones.
Para el futuro a corto plazo, las expectativas no son tan favorables, y la OCDE sigue calculando que el aumento del PIB en 2017 se quedará, como ya decía hace seis meses, dos décimas por debajo del 2,5% que ha anunciado el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Los autores del estudio recuerdan que los principales países a los que España exporta en Europa crecerán poco (Francia un 1,3%; Alemania, un 1,7%; Italia, un 0,9%; el Reino Unido, un 1,2%) y, en términos generales, el comercio mundial está en un estado «anémico».
La inflación, que ya ha salido de magnitudes negativas, repuntará moderadamente con el ascenso del petróleo (tras un -0,3% de media en 2016, se anticipa un 1,5% en 2017 y un 1,3% en 2018), entre otras cosas porque el desempleo, aunque cae con fuerza, sigue en niveles muy elevados.
La tasa de desempleo en España, que llegó a triplicar la media de la OCDE en 2013 cuando tocó techo al romper el listón del 26%, seguirá siendo la segunda más alta de los Estados miembros (tras Grecia), aunque debe descender al 19,6% en 2016; al 17,7% en 2017, y al 16,4% en 2018.
El año próximo, el principal impulsor del alza del PIB será la inversión, con una expansión que se acelerará al 4,7%, mientras el consumo privado ralentizará su marcha al 2,1%, y esa misma orientación se constatará en 2018 (4,7% y 1,6%, respectivamente).
La OCDE considera que España dispone de un margen «limitado» para un estímulo fiscal, teniendo en cuenta su elevado déficit (calcula que será el 4,6% este año, el 3,6% en 2017 y el 2,9%, por debajo del límite del 3% del Tratado de Maastricht, en 2018) y la deuda.
Con respecto a esta última, continuará creciendo aunque a un ritmo menor (tras el 101,3% del PIB en 2016, pasará al 102,1% en 2017 y al 102,2% en 2018).
Por eso, ante el poco margen fiscal en los dos próximos ejercicios, aboga por reorientar el gasto público a partidas que favorezcan un crecimiento inclusivo, como la educación, las políticas activas de empleo, o la I+D.
También destaca que otra prioridad tiene que ser luchar contra la pobreza, que se ha agravado durante la crisis, en particular entre las familias con hijos, y propone reforzar los programas que les garanticen unos ingresos mínimos. A medio plazo, el Gobierno igualmente tiene que aclarar su plan para sanear las cuentas públicas, y eso podría combinarse con