Lal mentiras continuas de la Generalitat en todo el proceso independentista no tienen límite. La penúltima, ante la huida masiva de los empresarios, dice: «Ninguna decisión pondrá en riesgo seguridad de empresas».
El conseller de Empresa, Santi Vila, no sabe como parar la huida de empresas que acabará llevando a la ruina a Cataluña, tanto y más con independencia, pero tambiín sin ella. El daño yha está hecho. Hoy, vuelve a mentir. Ha asegurado hoy que ninguna decisión política del gobierno de la Generalitat pondrá en riesgo la seguridad jurídica de las empresas, a las que ha pedido que actúen de forma responsable para evitar que sus decisiones sean utilizadas políticamente. Hasta ahora todas las decisiones de la Generalitat, muchas de ellas fueran de la Ley, han acabado con la seguridad jurídica que requiere cualquier empresa para desarrollar su actividad.
Vila vuelve a mentir cuando ha recordado que la actividad económica de Cataluña tiene en estos momentos «unos indicadores muy positivos» en cuanto a empleo, PIB e inversiones extranjeras y ha afirmado que sería «absolutamente reprobable e inadmisible que por razones políticas se distorsionara esta situación». Cosa que ya ha ocurrido. La huida de empresas, la caída del turismo, el parón de la inversión…no son hechos subjetivos sino que tienen cifras y letras.
«Sea cual sea el escenario político a corto y medio plazo no habrá ningún tipo de decisión política que ponga en riesgo la seguridad jurídica del desarrollo de la iniciativa empresarial en nuestro país», ha afirmado el conseller en un comunicado, el día que se ha sabido que más de 800 empresas han trasladado su sede social de Cataluña a otros puntos de España desde el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Lo que no dice nada Vila es de las pretensiones de sus socios de independencia, como la CUP, que propone la salida de la UE, mercado preferente de las empresas catalanas, que, por cierto, donde más venden es al resto de España.6
El conseller de Empresa, Santi Vila, en vez de asumir que la huida de empresas se debe al desafío independentista culpa, como siempre, a Madrid de que ningún empresario se quiera quedar en Cataluña
En este sentido, Santi Vila ha criticado algunas decisiones que ha tomado el Gobierno español, como la aprobación del Decreto Ley que facilita el cambio de sede social de las empresas, y que «alimentan un clima social que tiene repercusiones en el consumo y en la confianza de los ciudadanos», hecho que ha calificado de «inadmisible». Inadmisible es poner en juego la inversión de miles de accionistas, la destrucción de empleo y la pérdida de clientes por parte de las empresas catalanas por el ambiente de enfrentamiento y fractura de la sociedad que han provocado los independentistas, tanto en Cataluña como fuera de España.
«Algunos quieren entrar en dinámicas de boicot y toman decisiones por un criterio político y no se dan cuenta que contribuyen a crear un clima que puede afectar la economía y la generación de puestos de trabajo y que, por tanto, no nos podemos permitir», ha manifestado. La responsabilidad de esta situación creada de rechazo a los productos catalanes es simplemente de los secesionistas que no han hecho otra cosa que sentirse superior al resto de los españoles con repetidos insultos y amenazas.
En este sentido, el conseller ha pedido a las empresas que actúen «muy responsablemente» porque «es bien posible que estas decisiones sean instrumentalizadas por el mundo de la política para alterar lo que ha de ser un marco de confianza y de seguridad que es el generador de actividad económica y empleo», que ellos mismos se han encargado de destruir.
La conselleria recuerda que las exportaciones catalanas, el 80% al resto de España, han registrado un crecimiento del 5% en el mes de julio, es decir, dos meses antes de todo el proceso de desobedencia a las leyes espàñolas, en comparación con el mismo período de 2016 y que la inversión extranjera productiva en Cataluña durante el primer semestre ha sido de 1.572 millones de euros, un 20,6 % más.
La producción industrial ha crecido un 2,4 % en el mes de julio, un dato atrasado y que no refleja la fuerte caída registrada desde el ilegal referéndum del 1-O.