La sociedad de inversión de Felipe González ha duplicado los números rojos en un año, hasta los 42.100 euros, pero se encuentra sin actividad alguna. En ella han pasado inversores de renombre, como Amparo Moraleda, consejera de Vodafone España, o Antón Arriola, con 17 años de trabajo en Goldman Sachs.
La sociedad del ex presidente del Gobierno, Tagua Capital, abandonó su actividad de capital riesgo en 2013, aunque se mantiene como entidad, debido a la falta de inversores. El objeto era ser una referencia en la inversión ‘made in Spain’.
Entre los socios se han encontrado Juan Ignacio López Gandásegui (ex Gamesa), Amparo Moraleda (March), Emilio Ontiveros (presidente de AFI), Moya (ex IBM), Rafael Roldán (Ernst & Young), Eduardo Díez-Hochleitner (ex Prisa), José Manuel Pemán (ex Chase), Molinas (ex Merrill), Fernando Bergasa (presidente de Redexis Gas) y Antón Arriola (ex Goldman), entre otros.
La firma no ha llevado a cabo en estos últimos cuatro años actividad alguna, tras pasar por un período de hivernación desde 2013. Las cifras, publicadas por La Información, muestran que el ex presidente del Gobierno, que dejó a España en quiebra en 1995 y por el que se tuvo que pedir un crédito al FMI para abonar las pensiones en 1996 ya en la etapa de José María Aznar, tampoco entiende de inversiones.
De hecho, sorprende como una empresa sin actividad alguna haya podido casi duplicar sus pérdidas en un solo año, de 23.145 a 42.184 euros. La firma no tiene empleados ni tampoco ingresos, mientras que los gastos alcanzan los 99.000 euros. El ex presidente del Gobierno tiene el 100% del capital de este fondo, según los datos registrales, y es administrador único de la sociedad creada en 2011 como el nexo de unión para ayudar a expandir empresas entre España y Latinoamérica, es decir, abrir la puerta a la externalización. En solo su primer año perdió 700.000 euros, motivo más que suficiente para que los inversores emprendieran la desbandada.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le dio de baja como sociedad gestora de entidades de capital riesgo en 2013 y la salida de inversores se produjo en ese mismo verano.