El Gobierno devolverá la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles de forma inmediata. Sin embargo, el fin del copago sanitario a los pensionistas, que han cotizado durante toda su vida para mantener la Seguridad Social, tendrá que esperar y es sólo una idea en la ‘hoja de ruta’.
El Gobierno derogará la reforma del PP que retiró la tarjeta sanitaria a unos 800.000 inmigrantes en situación irregular con el fin de restablecer el derecho a la sanidad universal, una decisión que ha sido celebrada por colectivos sanitarios, ONG y organizaciones que trabajan con inmigrantes.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, hizo este anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que adviritió de que es un asunto «extraordinariamente importante» para toda la sociedad y de «decencia política».
Fue en abril de 2012 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy, con Ana Mato como ministra de Sanidad, aprobó este real decreto de reforma sanitaria, por lo que el Ejecutivo tendrá que elaborar uno nuevo para dejarlo sin vigencia. Se trata de evitar el ‘turismo sanitario’ que tanto daño ha hecho, hace y hará a las arcas del sistema sanitario español calculado en unos 7.000 millones de euros el año.
El texto podría estar listo en unas seis semanas para su aprobación por el Consejo de Ministros y, posteriormente, serán necesarios otros 30 días para su convalidación en el Congreso de los Diputados.
No hay premura con el fin del copago sanitario a pensionistas
Esa premura y urgencia con esta medida para los inmigrantes sin papeles que en su vida han cotizado a la Seguridad Social choca con otra que se hace más urgente como es el fin del copago sanitario a los pensionistas que si han cotizado para mantener el sistema público de salud.
Para esa medida no hay fecha. Según La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, solo está «en su hoja de ruta» y llevará tiempo ponerla en marcha.
Y es aquí donde los pensionista se preguntan que si otorgar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular es cuestión de semana, con el coste presupuestario que ello conlleva, por qué no se tarda los mismo con el fin del copago sanitario de los pensionistas.
Según ha dicho Montón en referencia al fin del copago, «la idea es volver al punto de origen», es decir a antes de la aprobación de la reforma, aunque ha admitido que su eliminación «nos va a llevar más tiempo».
En este sentido, ha mostrado su intención de que este proceso se haga «de manera rigurosa», dialogando con las comunidades autónomas.
«Está dentro de nuestra hoja de ruta, pero a diez días de la toma de posesión no os puedo adelantar unos plazos que estemos seguros de poder cumplir y que son rigurosos», ha indicado Montón.
Pero antes de abordar este asunto, la ministra ha querido destacar que la prioridad del Gobierno es empezar por la recuperación de la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), para devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Eso si es prioritario.
Los irregulares por delante de los pensionistas que se quedan por detrás
«Para el Gobierno se trata de lo más básico, ya que una sociedad decente no deja a nadie atrás y la asistencia sanitaria de manera integral para todos en España era básico», ha reiterado Montón, después de que el Ejecutivo anunciara el viernes que tratará con las comunidades y los agentes sociales la restitución de este derecho.
El problema es que muchos pensionistas, que si han cotizado durante toda su vida, si se quedan atrás, como han denunciado varias asociaciones.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha advertido hoy de que el copagoa los pensionistas supone una barrera de acceso a los fármacos, de tal forma que un 25 % de este colectivo con rentas más bajas no retira los tratamientos prescritos poniendo en riesgo su salud.
Esta federación ha recordado un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que señala los efectos nocivos de los copagos sobre las personas con enfermedades crónicas, más pobres y mayores, señalando que van contra la Carta de Tallin suscrita por los 53 países de la región europea en 2008.
«Consideremos poco razonable mantener el copago a este colectivo social por motivos económicos (puede suponer alrededor de 400 millones de euros anuales) mientras se anuncian otras medidas con mayor impacto económico, y que afectan menos a las personas vulnerables, como por ejemplo la retirada de los peajes a las autopistas», ha señalado esta organización en un comunicado.
Para la FADSP, «mantener el copago a los pensionistas no solo es injusto sino que puede ser además un error político dadas la grandes movilizaciones protagonizadas recientemente por este colectivo que percibe unas pensiones muy bajas».