La UDEF ha iniciado una macrooperación contra entes públicos, como la Diputación de Barcelona, por el desvío de fondos destinados a cooperación para entidades afines a CDC, como la Fundació CATmon. Hay al menos 22 detenidos.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional está registrando la Diputación de Barcelona y otras instituciones públicas por el desvío de fondos públicos a entidades separatistas e implicadas con el ‘procés’. El dispositivo está formado por cerca de 500 agentes de la Policía Nacional desplazados desde toda España.
Según fuentes de la investigación a El Confidencial, se espera una treintena de detenidos. Los fondos se habrían desviado supuestamente mediante la concesión fraudulenta de subvenciones para financiar proyectos culturales de fundaciones sin ánimo de lucro. El montante no se gastaba en su totalidad y el excedente iba destinado al pago de materiales y actos relacionados con el proceso separatista.
La Diputación de Barcelona está en el foco ya que habría concedido la mayoría de estas subvenciones. No obstante, también se están registrando entes públicos en Tarragona, Reus y Gerona.
Las subvenciones estarían destinadas a promocionar el catalán o fomentar la cultura catalana en el extranjero. No obstante, haber destinado este dinero a otros fines podría constituir un delito de fraude en las subvenciones, junto con el delito de organización criminal. Según El Mundo, la operación ‘Estela’, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona, los 22 detenidos habrían cometido delitos como prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.
Fundació CATmon, una de las mayores beneficiadas y vinculada a CDC, el partido ex presidido por Artur Mas
Según varias fuentes, una de las beneficiadas sería Fundació CATmon, cuya labor es conseguir el reconocimiento de la «nación catalana». La operación se centra en un supuesto reparto irregular de unos dos millones de euros entidades afines a Convergencia Democrática de Cataluña, pero que, en principio, no habrían servido para financiar el proceso soberanista.
Unos 200.000 euros se destinaron a patronales y cofradías, pero también consultoras y empresas relacionadas con el medio ambiente, según El Mundo. Las adjudicaciones fueron a dedo, ya que no superaban el mínimo establecido para hacer un concurso público, 18.000 euros.
La Diputación de Barcelona está presidida por Mercè Conesa, alcaldesa de San Cugat y ex vicepresidenta del mismo ente, que ya fue investigado por el fraude en las subvenciones.
Asimismo, agentes antidisturbios están cubriendo las espaldas a los compañeros ante la posible llamada de los separatistas para protestar en las inmediaciones de los entes públicos, como ya ocurriera entre el 20 y 21 de septiembre en la sede de la Consejería de Economía, con la secretaria judicial huyendo por el tejado debido a la violenta actitud de los separatistas concentrados por las llamadas de Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, presididas por los Jordis, ahora en prisión preventiva.
Colau afirma que no puede opinar sobre la operación policial, pero asegura que «forma parte de la judicialización de la política»
«Cuanto más se insiste, más se complica la situación y más lejos está la solución», ha señalado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una conferencia en el Fórum Europa Tribuna Catalunya, organizada por Nueva Economía Fórum y patrocinada por La Caixa y Asistencia Sanitaria. La alcaldesa ha conocido apenas acabado su discurso la noticia de que la Policía Nacional está registrando las sedes de varias instituciones públicas catalanas en una macrooperación, en la que prevé practicar varias detenciones, vinculada al supuesto desvío de fondos a la antigua Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).
No obstante, Colau ha señalado que no podía opinar porque no conocía los detalles y solo se ha manifestado convencida de que forma parte de la judicialización política que rechaza.
