La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial votó ayer a favor de proteger al magistrado Pablo Llarena tras la amenaza recibida en su casa de Das (Gerona) por parte de Arran. No obstante, la decisión tiene el voto en contra de la vocal de IU,Concepción Sáez.
La izquierda radical de Unidos Podemos, formación en la que está inmersa IU, da así la espalda a las amenazas recibidas por Arran, que se equivocó de casa a la hora de amenazar al magistrado cuya orden europea de detención ha hecho caer al líder separatista y fugado Carles Puigdemont.
La Comisión Permanente del CGPJ se reunió ayer de forma extraordinaria para dar un espaldarazo a Llarena tras estas amenazas de uno de los grupos radicales de extrema izquierda más movilizados durante el ‘procés’ separatista. La actividad de Arran es muy visible por Barcelona y el área metropolitana, también en Sabadell, y en numerosos pequeños municipios.
De los 8 miembros que forman esta comisión permanente, 20 tiene en total el CGPJ, el respaldo a Llarena ha contado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales Fernando Grande-Marlaska, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Rafael Mozo, José María Macías y Pilar Sepúlveda, mientras que la vocal Concepción Sáez ha votado en contra.
Concepción Sáez ha votado en contra de la «manifiesta coacción sobre el Magistrado y su familia que atentan contra el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas como miembro y servidor del Poder Judicial».
De que se investiguen estas amenazas, pese a que se ha exigido al Ministerio del Interior adoptar las medidas necesarias «a fin de que se adopten las medidas necesarias para la protección del Magistrado agredido y de su familia, así como de los restantes Jueces y Magistrados en Cataluña».
También se ha posicionado en contra de abrir una investigación por si se hubiera incurrido en un delito y ha evitado realizar «una llamada a la sensatez y la calma a la ciudadanía en Cataluña para que cualquier discrepancia que mantenga con el contenido de las resoluciones judiciales se exprese por cauces civilizados y dentro de la Ley, en la convicción de que solo en la Ley y con respeto a la Ley es posible expresar la discrepancia; pero advierte que, en todo caso, amparará y defenderá la independencia del Poder Judicial y de quienes lo ejercen en Cataluña».