El Acuerdo Económico y Comercial Global, más conocido como CETA por sus siglas en inglés (Comprehensive Economic and Trade Agreement), cae en saco roto a una semana para que concluya el plazo para firmarse.
Este no es un acuerdo al uso, sino que tiene que ser ratificado por todos los Parlamentos de los países miembros de la UE. Se habían encontrado algunos obstáculos anteriormente en Alemania, Rumanía y Austria, pero finalmente se han superado. No obstante, una pequeña región de Bélgica, Valonia, ha bloqueado el acuerdo, y no por oponerse al mismo de frente, como ha hecho la izquierda más radical, sino «por falta de tiempo». Y es que, a Bruselas y a Canadá le han pillado el toro en estas negociaciones.
Dejarlo todo para el final ha sido un desastre, más que previsible. Canadá y la UE han tenido siete años para cerrar el acuerdo que liberalizaría la economía en casi todos los sectores, el público incluido, y fomentaría la competencia tanto en Canadá como en la UE. Siete años perdidos, más cuando Bruselas abrió las conversaciones entre Canadá y los Gobiernos el pasado 4 de octubre, dejando tan solo dos semanas y media de margen para convencer a los contrarios e indecisos, un tiempo muy corto para un tratado tan importante.
El primer punto del tratado CETA es eliminar los aranceles y barreras proteccionistas entre la UE y Canadá. Con esta medida la UE y Canadá que esta eliminación se realice de forma paulatina, ya sea cuando entre en vigor o bien de forma gradual en 3, 5 o 7 años para casi todos los productos.
Habría un tratamiento especial para los productos agrícolas sensibles, pero en cualquier caso se eliminarían los aranceles. El objetivo es reducir los costes empresariales para exportar mercancías y por tanto una mejora para poder competir en los mercados, que se traduciría en una caída de precios de los productos y por tanto beneficiaría a los consumidores.
Casi todos los sectores estarían inmersos en el acuerdo, incluido la pesca y la agricultura, pasando por la ganadería e industria. No obstante, quedan fuera la Educación, Sanidad y el agua.
El punto más espinoso del Tratado es el arbitraje de litigios empresariales. Y es que, para evitar la inseguridad jurídica propone la creación de un tribunal que imparta una solución a las disputas empresariales sin tener que pasar por los juzgados mercantiles o estancias superiores.
Asimismo, las empresas están sujetas a las leyes de cada país miembro, por lo que tendrán que someterse a leyes de medio ambiente y sanidad. Con este tratado, se tendría que equiparar la legislación europea con la canadiense, y en algunos puntos como la normativa de seguridad son claramente diferentes. Para calmar los ánimos, Bruselas ha asegurado que no relajará las condiciones para los productos venidos de Canadá. El CETA tiene el aval del Tribunal del Constitucional alemán, pese a que los críticos lo tachan de ilegal.