La subida de los pagos fraccionados que se pagan a cuenta del Impuesto de Sociedades se mantendrá en vigor hasta que el déficit público se sitúe por debajo del 3% del PIB, según ha explicado el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. La pagarán 9.000 empresas con una facturación superior a los 10 millones de euros y se espera un impacto de 8.300 millones de euros. De esta forma, serán las empresas privadas quienes tengan que sufragar la mala gestión del Gobierno.
La medida aprobada este viernes por decreto ley afectará a 9.000 empresas, que son las que facturan más de 10 millones de euros y que estarán obligadas a adelantar el 23% de su resultado contable en el año impositivo en curso, según Montoro.
El objetivo, ha afirmado, es mantener una recaudación total del Impuesto de Sociedades de entorno a 20.000 o 21.0000 millones de euros al cierre de 2016. Estas son las principales modificaciones:
1.- El tipo mínimo en el pago fraccionado será del 23% del resultado contable positivo y se aplicará a las empresas con un volumen de facturación superior a 10 millones de euros.
2.- El pago fraccionado mínimo será del 25% del resultado contable positivo, para las empresas con facturación superior a los 10 millones y que cuentan con un tipo de gravamen incrementado del 30% en el Impuesto sobre Sociedades (el tipo general del gravamen es del 25%). Concretamente, este pago fraccionado mínimo incrementado del 25% corresponderá a las entidades de crédito y las que se dediquen a la exploración de yacimientos de hidrocarburos (excluidas otras como el refino), según marca la ley del citado impuesto.
3.- La aplicación del nuevo pago fraccionado mínimo contará con algunas excepciones como las rentas derivadas de operaciones de quita consecuencia de un acuerdo de acreedores y las rentas exentas que afecten a entidades sin ánimo de lucro
4.- Mayor proporción para calcular el pago fraccionado. Además de fijar un pago fraccionado mínimo, se modifica también el cálculo del pago fraccionado para las empresas con volumen de facturación superior a 10 millones de euros, con el fin, precisamente de aproximarlo al tipo nominal del impuesto. De esta forma, se aplicará el 24% de la base imponible en vez del 17% actual.
Montoro ha asegurado que con esta medida se conseguirá reducir el déficit al 4,6% del PIB comprometido con Bruselas, «incluyendo las ayudas financieras». De esta forma, se recupera el sistema de pagos fraccionados que se estableció en el año 2012 y que se levantó este año, lo que ha provocado una caída de los ingresos procedentes de Sociedades superior al 25 % conforme a los últimos datos de ejecución presupuestaria hasta agosto.
«Si no lo hacemos (subir los pagos fraccionados), vamos a reducir la recaudación del Impuesto de Sociedades en una cuantía que no nos podemos permitir», ha asegurado Montoro. El ministro ha insistido en que no se trata de una subida del tipo general del impuesto, sino de los pagos que se adelantan a cuenta, y que al año siguiente con la presentación de la declaración en julio se liquidan las diferencias que puedan existir a favor de la empresa o del Estado.
«Es un anticipo a cuenta, como hacemos las personas físicas en el IRPF y a las que 3 de cada 4 les resulta a devolver«, ha dicho. Ha reiterado que es una medida de liquidez que entiende que «no va a perjudicar sustancialmente a la actividad económica«.
Según ha dicho, se trata también de acercar el tipo nominal a los pagos efectivos, porque «para eso bajamos los tipos nominales (del 30% al 25%) con la reforma fiscal».
Además, ha recordado que cuando se subieron los pagos fraccionados en 2012 se consiguieron recaudar 5.000 millones adicionales en un año en el que la economía cayó el 2,9%, lo que significa que las empresas estaban dando beneficios, por lo que cree que en la situación actual de crecimiento económico será menos gravoso.
El decreto ley se publicará esta tarde en un Boletín Oficial del Estado (BOE) extraordinario «para que no haya dudas del régimen de pagos fraccionados a partir del 1 de octubre«, con lo que será aplicable a los pagos de octubre y diciembre. No obstante, la norma tendrá que superar el trámite parlamentario de la convalidación, respecto a lo que Montoro asegura que el decreto ley ha tenido buena recepción entre los grupos parlamentarios, también entre los mayoritarios.
