La Comisión Europea estudiará las supuestas malas prácticas de las aseguradoras sanitarias en España a raíz de la queja de la Asociación Unión Médica Profesional (Unipromel), que cuestiona al Estado por permitir que se vulnere la directiva de libertad de prestación de servicios profesionales.
En un escrito al que ha tenido acceso Efe, la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, pide a esta institución «que lleve a cabo una investigación preliminar» sobre los hechos, al tratarse de un asunto que entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea.
El pasado enero, Unipromel expuso ante el Parlamento Europeo cómo las compañías aseguradoras nacionales imponen los honorarios a los profesionales de la medicina privada «sin permitirles» hacer propuesta alguna, pues, de lo contrario, «se ven agraviados a ser expulsados de los cuadros médicos».
La asociación formuló entonces una batería de preguntas desde la perspectiva de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y planteó, en primer lugar, si se puede considerar que los poderes públicos españoles están consintiendo, dentro del ámbito sanitario privado, la restricción de la libertad profesional y del derecho a trabajar.
Según el socio director del despacho Navas & Cusí Juan Ignacio Navas, que presentó la queja en nombre de Unipromel, la práctica de las aseguradoras sanitarias en España vulnera la directiva sobre distribución de seguros.
«Con remuneraciones de 8 euros por visita, obviamente la calidad asistencial se resiente y se afecta al interés del paciente», concluye.
