El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, aprobó una Ley de Protección Social en Cataluña, pendiente ahora del Tribunal Constitucional, que supone de facto la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, poniendo en riesgo las pensiones de 1,5 millones de catalanes.
Así ha respondido la ministra de Empleo, Fátima Báñez a la socialista Merce Perea. La «situación de irracionalidad del gobierno de la Generalitat es una gran amenaza para el sistema», ha asegurado. Con la nueva ley, la Generalitat pretende dotarse de una estructura de gestión de competencias y recursos que corresponden al sistema de Seguridad Social, lo que sería «una suerte de un modelo alternativo al modelo de caja única de la Seguridad Social«.
Con ello, las cotizaciones sociales pasarían por las arcas catalanas, y después serían transferidas a la caja única. No obstante, esta estructura de Estado serviría a la Generalitat para tener el control de los ingresos que obtiene el Estado en Cataluña, y además tendría la llave de esta caja, por lo que en caso de independencia, la Generalitat dejaría de transferirlos.
Las pensiones en Cataluña registran un déficit de 4.700 millones a cierre de 2016, y este año va camino de cerrar en la misma brecha. Entre enero y julio, el déficit de pensiones en Cataluña alcanza ya los 1.900 millones, de los que una gran parte se centran en Barcelona, con 1.400 millones.
Báñez ha asegurado que hay que guardar la tranquilidad porque la caja única no se va a romper, y afirma que los pensionistas continuarán cobrando la pensión, dando por hecho que la independencia de Cataluña es una quimera y una fuente de incertidumbre, como se está observando en los últimos tiempos.
Las pensiones se revalorizarán el mínimo estipulado: un 0,25%
Por su parte, Perea ha acusado a la ministra de desviarse del motivo de la interpelación y le ha pedido que atienda a sus peticiones, relativas a atender las políticas activas de empleo con cargo a la imposición general y que revalorice las pensiones, por encima del 0,25%.
En este sentido, ha asegurado que las pensiones en 2016 han perdido un 1,35% de poder adquisitivo y que, con el IPC de septiembre, el quebranto es del 1,55 %.
«Con inflación constante de 1,7 % los pensionistas tendrían una pérdida de poder adquisitivo del 20 % en los próximos 10 años», ha asegurado la diputada socialista, debido al índice de revalorización de las pensiones aprobado por el PP. Además, con el factor sostenibilidad también puesto en marcha por el Gobierno popular y que comenzará a aplicarse en 2019, la tasa de sustitución de la pensión media perderá 30 puntos sobre la situación actual, ha apuntado.
El PSOE critica la subida de solo 0,25% pese a que Zapatero las congeló en 2010
Según los cálculos desgranados por Perea, mientras que la revalorización del 0,25% apenas ha supuesto un coste de 200 millones para las arcas, los pensionistas -tras cinco años de copago farmacéutico y de medicamentazo-, han hecho un trasvase de 5.000 millones de euros, que suponen una merma de sus ingresos.
«Y mientras, usted ha gastado en reducciones y tarifas planas 2.100 millones de euros» que tendrían que haberse sufragado mediante la imposición general, lo que le habría permitido asumir el coste de los 1.994 millones de la regularización de las pensiones.
Por su parte, la ministra ha recordado las medidas puestas en marcha para la sostenibilidad del sistema, como la separación de fuentes de financiación o las destinadas al envejecimiento activo, así como las incluidas en el plan de lucha contra el fraude fiscal.
Entre estas últimas, ha detallado que han aflorado 475.000 empleos, se han detectado 6.500 empresas ficticias que no tenían ninguna actividad económica conocida salvo defraudar a la Seguridad Social y se han convertido 320.000 contratos temporales en indefinidos. Estas medidas han supuesto un impacto económico de ahorro al sistema de 19.750 millones de euros desde 2012.
«Tenemos uno de los mejores sistemas de la Seguridad Social del mundo», que da más de 40 prestaciones sociales y un gran abanico de pensiones, entre ellas, una pensión mínima que sólo tienen 11 de los 27 países de la UE, ha añadido. Hoy hay 600.000 pensionistas más que en 2011, cobrando 680.000 pensiones más (8 % más) y con una pensión media supera los 1.065 euros, ha dicho la ministra, que ha recordado que 287.000 mujeres se benefician hasta ahora del complemento de maternidad.
Asimismo, la ministra ha avanzado se reunirá con los agentes sociales mañana en el marco de la mesa de diálogo social para pensiones, en otra pregunta de la diputada socialista Adriana Lastra, que ha acusado a Báñez de «pasarse por el arco del triunfo» los acuerdos alcanzados en el Congreso para evitar que las pensiones pierdan poder adquisitivo.