El programa económico de Pedro Sánchez y por tanto del nuevo PSOE no tiene apenas diferencias con el programa de Podemos. Los puntos comunes se centran en subidas de impuestos, eliminar los oligopolios y la derogación de la reforma laboral, así como la instauración del Salario Mínimo en 1.000 euros.
El PSOE se escora a la izquierda y abandona totalmente el centro con un programa económico basado en eliminar la reforma laboral del PP. Sánchez promete renovar la alianza con los sindicatos de clase, dándoles un mayor protagonismo en el diálogo social y la negociación colectiva. Asimismo, promoverá «nuevas formas de organización de los trabajadores a tiempo parcial, el teletrabajo y del trabajo autónomo y de los trabajadores independientes».
En su programa se centra en la reducción de la temporalidad y el uso de estos contratos, así como dará una mayor protección del empleo a tiempo parcial y del trabajo autónomo. Al mismo tiempo afirma que democratizará las empresas fomentando la participación de los trabajadores en las decisiones del consejo de administración, mientras que exigirá que el 5% de los beneficios distribuidos de las empresas sean destinados a sistemas de participación económica de los trabajadores en las mismas.
Según su programan, el Salario Mínimo Interprofesional alcanzará los 1.000 euros en 2020, es decir, el 60% del salario medio, al tiempo que aumentará los impuestos y provocará límites en la contratación.
Asimismo, exigirá que las horas de trabajo se rebajen a 35 a la semana antes de 2020, mientras que valorará la Renta Básica Universal por la introducción de la economía digital. También habría que valorar la viabilidad de un sistema de Transferencias Fiscales (también llamado Impuesto Negativo sobre la Renta), en el que se fijara, de acuerdo con el nivel de pobreza existente en estos momentos, un objetivo de renta mínima para todos los ciudadanos, con derecho a percibir de la Hacienda Pública una transferencia relacionada con la diferencia entre los ingresos anuales que sean menores (sean éstos por trabajo, subvenciones, etc…) y ese mínimo garantizado por persona, con un compromiso de ir aumentando su techo en el futuro, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias y las necesidades sociales.
Pondrá coto a los dividendos que reparten las empresas incentivando la capitalización de los beneficios, al tiempo que pondrá en marcha fondos de inversión soberanos, como estrategia para evitar el riesgo de desnacionalización y/o desmembración de empresas estratégicas para el tejido productivo.
En cuanto a las empresas, ha asegurado que tratará de frenar a los oligopolios, como los formados en «grandes servicios, la energía, las infraestructuras, la Banca o los seguros». Tratará de neutralizar la intromisión opaca en las regulaciones públicas, su elusión de impuestos a través de paraísos fiscales, la búsqueda de privilegios fiscales, o sus conductas colusivas y rentistas, al tiempo que se buscan, en interés de la mayoría.
Para ello tratará de poner en funcionamiento auténticos organismos reguladores, eliminando así la mala práctica que ha supuesto su integración en la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia. No sirve un sólo organismo regulador de los mercados que tenga atribuciones sobre la competencia, en la Energía, las Telecomunicaciones, el Sector Audiovisual, los Transportes y el Sector Postal. No existe mejor garantía de independencia que la competencia profesional especializada y la reputación contrastada de las personas elegidas para dirigir los Organismos Regulatorios. Para ello se precisa un control parlamentario riguroso
en el nombramiento de los miembros de los Organismos Reguladores atendiendo a criterios de idoneidad profesional, garantizando la independencia que les es exigible. El socialismo democrático no está en contra del mercado, pero no haremos ninguna concesión a los poderes abusivos que operan hoy en él, lo desvirtúan y lo hacen poco operativo.
También reformará el impuesto sobre la renta (IRPF), al tiempo que se homogeniza el tratamiento de las rentas del trabajo y del capital. Así mismo redefinir el impuesto sobre el patrimonio y la riqueza y reformar el Impuesto de Sociedades en línea con la consecución de una Base Única en la Unión Europea, eliminando los tratamientos especiales y los –mal llamados- “beneficios fiscales” que sólo favorecen a algunas grandes empresas multinacionales.
Propone erradicar las amnistías fiscales e impulsar una acción europea a favor de la armonización fiscal. Un capítulo específico que merece una consideración central es la abolición de los paraísos fiscales, comenzando por el territorio de la Unión Europea, y definiendo nuevos elementos de lucha contra ellos, como la creación de registros de propietarios finales, así como la difusión de dichos registros país a país. Este debe ser un elemento fundamental de la Coalición Progresista que queremos ayudar a construir a escala europea.
