La Generalitat, con Carles Puigdemont al frente, ha enviado una carta a la ONU y al Consejo de Europa denunciando una supuesta «persecución» judicial de cargos electos catalanes por su apoyo al inicio de la índepedencia de Cataluña en una resolución anulada por el TC.
El director general de asuntos multilaterales y europeos de la Generalitat, Manuel Manonelles, remitió el pasado 29 de agosto una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, y otra al Comisionado del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, Nils Muiznieks.
Las redes sociales no han tardado en mofarse de la misiva y de la intención de la Generalitat de Cataluña de mostrar a España como un país opresor y colonizador, pero la realidad es muy distinta, más cuando lo que pretenden es romper la Constitución Española.
Puigdemont pide ayuda por carta a la ONU. Lo próximo será contactar con el Equipo A.
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— Esponjito (@Pecachuk) 11 de octubre de 2016
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— JuanMa Jimenez (@Juanmax182) 11 de octubre de 2016
Las cartas, avanzadas por La Vanguardia digital, eran consecuencia de una resolución aprobada el 23 de junio por la comisión de justicia del Parlament, en la que se instaba a informar a organizaciones internacionales, han explicado fuentes de la Generalitat.
En concreto, la resolución de la comisión de justicia condenaba la «persecución» ordenada por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, contra cargos electos catalanes que habían expresado su apoyo a la declaración inconstituicional del pasado 9N.
El texto también alertaba de la «naturaleza antidemocrática» de las instituciones judiciales españolas y denunciaba el deseo del Gobierno de «manipulación política de los órganos judiciales» para impedir que los cargos electos catalanes que lleven a cabo el «mandato electoral» de las elecciones del 27 de septiembre de 2015.
Las cartas enviadas por Manonelles, adscrito al departamento del conseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, se limitan a explicar que se da traslado de los textos de la resolución de la comisión de justicia, la declaración independentista del 9N y su anexo, que recogía un conjunto de medidas sociales para «salvaguardar los derechos fundamentales afectados por decisiones del Estado español«.