La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), ha pedido una serie de modificaciones relevantes en el Anteproyecto de Ley de secretos empresariales.
A juicio del organismo presidido por José María Marín Quemada, el borrador de la ley debe «mejorar la definición del concepto de secreto empresarial para evitar que se proteja la información obtenida de manera ilegal»; «hacer confidenciales las denuncias por infracción de secretos para aumentar la protección de los denunciantes frente a posibles represalias»; y «permitir que no solo los titulares de los secretos empresariales, sino todos los que resulten perjudicados por la vulneración de un secreto puedan presentar una denuncia».
Todo ello para trasponer al ordenamiento jurídico español la Directiva UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.
Protección de los propietarios de secretos empresariales
La norma amplía la protección de los titulares de secretos empresariales, ya que no solo afectará a aquellos que poseen derechos de propiedad industrial registrables, sino a los titulares de cualquier secreto comercial o industrial, frente a su obtención, utilización y revelación ilícitas.
En términos generales, la CNMC valora de forma positiva la propuesta desde el punto de vista de la competencia efectiva en los mercados y la regulación económica eficiente.
El Derecho de la competencia y el Derecho de propiedad intelectual e industrial persiguen objetivos similares, puesto que la protección de secretos empresariales juega un papel clave para incentivar tanto la innovación como la competencia entre las empresas.
La CNMC considera que la medida propuesta clarificará la protección de estos secretos en nuestro ordenamiento jurídico y facilitará una competencia leal entre las empresas.
