El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado hoy por el delito de rebelión a 13 personas por su participación en el denominado «procés» para la independencia de Cataluña, incluidos Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull y Marta Rovira, que ha huido de España.Además de ellos, los otros procesados por rebelión son los ex consejeros Joaquim Forn, Raúl Romeva -diputado en la Cámara catalana-, Clara Ponsatí, Josep Rull -también diputado-, Antonio Comìn y Dolors Bassa. El juez Llarena deja fuera de este procesamiento a Artur Mas, Marta Pascal y Neus Lloveras.
También procesa por rebelión a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, al ex presidente de la ANC Jordi Sànchez y al ex presidente de Omnium Cultural Jordi Cuixart.
Los autos de procesamiento de este viernes incluyen además otros delitos que afectan a diversos inculpados y, así, el juez procesa a cinco ex miembros del Govern por malversación y desobediencia: Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret.
Puigdemont, Junqueras, Anna Gabriel y seis ex consejeros, procesado por malversación
También resultan procesados por malversación el ex president Puigdemont, el que fuera vicepresident Junqueras y los siete exconsellers acusados de rebelión.
Así mismo el juez procesa por desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlament: Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barruffet y Joan Josep Nuet, así como a Mireia Boya (expresidenta del Grupo de la CUP) y a Anna Gabriel, exportavoz de la CUP. El magistrado fija una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los catorce ex miembros de la Generalitat procesados.
Puigdemont conocía el riesgo de incidentes violentos en el referéndum
Según Llarena, Puigdemont participó en la reunión de coordinación policial del 28 de septiembre, fueron advertidos por los responsables de los Mossos del grave riesgo de incidentes violentos ante el referéndum. «Conocían la gravedad de la protesta del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía y decidieron continuar con el referéndum, llamaron a la población a la movilización e impulsaron un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado».
Delitos de rebelión para los Jordis: usaron la ANC y Òmnium Cultural para movilizar a miles de separatistas para hacer frente a la Policía el 1-O
Según el Supremo, Jordi Sánchez, ex presidente de la ANC, Jordi Cruixat, de Òmnium Cultural «utilizaron su responsabilidad en ANC y Òmnium para movilizar a cientos de miles de seguidores e impulsaron una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir el referéndum ilegal. Responsabilidad en las concentraciones del 20 de septiembre».
Marta Rovira, huida y procesada por rebelión
Según el auto del juez Llarena, Rovira, huida de la Justicia, esta procesa por su «participación esencial en la ideación de mecanismos de actuación, impulso parlamentario de una legislación de soporte y coordinación de sectores de la administración, y responsabilidad ante el referéndum para lograr plena disponibilidad de centros de votación».
Jordi Turull, el candidato más breve de la Generalitat de Cataluña, procesado por rebelión y malversación
El candidato a presidir la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull, «impulsó la movilización desde sus funciones de portavoz del Gobierno de la Generalitat», según el Supremo. «Gestionó y diseñó la inserción publicitaria del referéndum», sostiene el auto. «Coordinó infraestructuras informáticas para votación y reclutamiento de voluntarios».
Raül Romeva, diputado en el Parlamento catalán, procesado por rebelión y malversación
A juicio del auto de procesamiento, Raül Romeva, el consejero que trataba de recabar apoyos internacionales al desfío separatista, «impulsó creación de estructuras del Estado y favoreció el reconocimiento de la República Catalana en el extranjero a través de Diplocat». «Abordó proyecto para posibilitar votación electrónica por internet de residentes en el extranjero. «Asumió atención a observadores internacionales», ha asegurado.
Carmen Forcadell se enfrenta a un proceso de rebelión por su «participación medular» desde los comienzos del órdago independentista
Como presidenta del Parlamento, sometió a la decisión de los diputados la aprobación de la legislación de soporte que sirve de coartada legitimadora al proceso, aún contrariando las reiteradas prohibiciones y requerimientos del Tribunal Constitucional. Su participación ha ido de la mano con la violencia manifestada en las últimas fases del proceso. Estuvo presente en la manifestación del 20 de septiembre y arengó a la movilización para el día siguiente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. «Puso la institución parlamentaria al servicio del violento resultado obtenido con el referéndum y de la proclamación de la república», ha afirmado el Supremo.
Antoni Comín, , en rebeldía, y Dolors Bassa, se enfrentan a delitos de rebelión y malversación
Asumieron el control de los locales dependientes de sus respectivas consejerías para el referéndum y asegurar su éxito. Permitieron que sus departamentos soportaran parcialmente el gasto de papeletas, censo y citaciones a los componentes de las mesas electorales.
Clara Ponsatí, en rebeldía, procesada por «rebelión y malversación»
Asumió el control y ocupación de todos los centros escolares dependientes de su consejería para garantizar su utilización en el referéndum.
Josep Rull, por rebelión y malversación
Rull «participa en múltiples reuniones definitorias de la estrategia independentista. Tras el referéndum ilegal impidió que un ferry destinado a acoger a policías
atracase en el Puerto de Palamós».
Lluís María Corominas, Luis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet, procesados por desobediencia
Desobediencia Tenaz y perseverante desatención del requerimiento que en diversas ocasiones les hizo el Tribunal Constitucional para que impidieran o paralizaran cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la nulidad de las resoluciones parlamentarias.
Meritxell Borrás, Lluis Puig (en rebeldía), Carles Mundó, Santiago Vila, Meritxell Serret (en rebeldía), procesados por malversación
Desatención de los requerimientos del Tribunal Constitucional al aprobar el decreto 139/2017 de convocatoria del referéndum. Autorizaban a los diferentes
departamentos acciones y contrataciones necesarias para el referéndum. Disposición de fondos públicos para un destino distinto del previsto.
Mireia Boya y Anna Gabriel (en rebeldía), diputadas de la CUP
Ambas dirigentes de la formación radical están procesadas por desobediencia y desatención a las decisiones del Tribunal Constitucional (responsabilidad al registrar en el Parlamento la proposición de Ley de Transitoriedad Nacional y fundacional de la República y la presentación de la proposición de Ley del Referéndum de Autodeterminación).
Los Mossos diseñaron un dispositivo «orientado a boicotear la orden judicial» para evitar el referéndum
Según el magistrado, los Mossos d’Esquadra diseñaron un dispositivo para el 1-O que estaba «orientado a boicotear» la orden judicial para evitar el referéndum, al optar por la «inacción» y por unas pautas «plenamente dilatorias y tolerantes con la votación«. Así lo sostiene Llarena en el auto en el que procesa por rebelión a los principales acusados por el proceso unilateral a la independencia, en el que señala que la cúpula de los Mossos alertó al expresidente Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras y al exconseller de Interior Joaquim Forn del riesgo de «movilizaciones violentas» el 1-O y que el Govern les respondió que el referéndum se haría «pese a todo».
«Un análisis sujeto a las reglas de la lógica y de la experiencia humana permitiría concluir que los responsables políticos tuvieron que cursar a la policía autonómica la orden de no impedir la votación y que los responsables policiales -por esta exigencia- diseñaron un mecanismo de actuación que impedía que un agente de los mossos pudiera cumplir la decisión judicial de un modo real o eficaz», subraya el juez.
El magistrado, que en el marco de su investigación ha interrogado como testigos a la cúpula de los Mossos y al coordinador del dispositivo del 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, remarca que existen «importantes elementos» que confirman que la policía autonómica diseñó un operativo «formal o aparente» que estaba «orientado a boicotear el cumplimiento de la orden judicial por inacción».
Como ejemplo, destaca que en los días previos al referéndum los Mossos acudieron a los puntos de votación donde «informaban (desvelaban)» que el 1-O acudiría una pareja y que lo cerrarían si no lo impedía una aglomeración de personas, lo que supuso unas «pautas de actuación» que sirvieron de base para que las entidades soberanistas ocuparan los centros desde la víspera.
Los Mossos movilizaron a poco más de la mitad de efectivos el 1-O, unos 7.000 agentes frente a los 12.000 en jornadas electorales
Además, apunta que los Mossos movilizaron a 7.000 efectivos, pese a que en jornadas electorales normales lo hacen 12.000 policías, y que se distribuyeron «de manera ineficaz» ya que lo hicieron «no en el sentido de poder garantizar el cierre de los grandes centros de votación, sino en el de garantizar la presencia de al menos dos agentes en los 2.259 centros de votación existentes».
«Las pautas de actuación previstas eran plenamente dilatorias y tolerantes con la votación», remarca Llarena, que también pone de relieve que los mandos de los Mossos a los que ha interrogado, entre ellos el actual jefe de la policía catalana, Ferran López, han confirmado que no han abierto expediente disciplinario a ninguno de los agentes del cuerpo que aparecen en los 41 vídeos aportados por la Guardia Civil «desplegando comportamientos incompatibles con el acatamiento de la decisión judicial de clausurar los colegios».
